A menos de diez días de que el juez de conocimiento emita fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos, un grupo de 38 exmagistrados y juristas lanzó una fuerte advertencia.
El caso, dicen los abogados, es un “burdo montaje” construido sobre testimonios falsos y sin sustento probatorio. Además, señalaron a la Fiscalía General de la Nación de cohonestar una estrategia de descrédito contra el exmandatario. Le puede interesar: Álvaro Uribe señala al Gobierno Petro de influir en su proceso judicial
El proceso judicial a Álvaro Uribe
En una carta divulgada el pasado 20 de julio, los firmantes aseguraron que este proceso judicial es un ejemplo de lawfare en Colombia, es decir, el uso de la justicia con fines políticos. Según ellos, este fenómeno se ha consolidado como “el mayor desafío para la justicia del país”, poniendo en riesgo la independencia de los jueces.
Los juristas señalaron que, tras siete años de investigación por los delitos de soborno y fraude procesal, “no cuenta con pruebas sólidas”. Afirmaron que los principales testigos, Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, tienen antecedentes penales y han emitido declaraciones contradictorias.
La carta también denuncia irregularidades en el trámite del proceso, las cuales son:
- Interceptación telefónica ilegal, incluso conversaciones entre Uribe y sus abogados.
- Inclusión de esas conversaciones en el expediente.
- Filtración de información judicial reservada a los medios para influir en la opinión pública.
“Se filtró información procesal con reserva legal a los medios de comunicación, con el propósito de promover ante la opinión pública una percepción de culpabilidad del expresidente Uribe”, señala el documento, que advierte sobre la vulneración al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.
Más declaraciones de los abogados sobre el juicio a Uribe
De acuerdo con los firmantes, el proceso contra Uribe tuvo como objetivo “enlodar su legado histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia en la opinión pública”, impulsado —según ellos— por “una Fiscalía militante” con sesgo político.
Además, destacaron que la transmisión en vivo de las audiencias permitió evidenciar un juicio sin sustento probatorio, promovido por adversarios políticos. “Fue una campaña de descrédito urdida por los detractores del expresidente”, señalaron.
Sobre el lawfare en Colombia
En el texto se alerta sobre el uso político del derecho penal, práctica que puede socavar la democracia. “El lawfare se refiere al uso de instrumentos legales para perseguir, deslegitimar o silenciar a adversarios políticos. Es la judicialización de la política y la politización de la justicia”, indicaron.
Finalmente, expresaron su confianza en que el juez que debe fallar actúe con independencia y sin presiones: “La lucha contra el lawfare es una prioridad para garantizar un sistema judicial robusto, imparcial y verdaderamente independiente”.
Entre los 38 firmantes figuran exmagistrados de la Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, así como académicos de renombre.
Según el diario El Tiempo, los nombres son: Amir Nayi Abushihab, José Vicente Ángel, Jorge Luis Baroni, Enrique Berrío, Hilda Caballero, Germán Calderón España, Javier Cortázar, María Cristina Cuellar, Luis Gabriel Chávez, Orieta Daza, Ángela Echeverri, José Alfredo Escobar, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio Fajardo, Juan José Gaitán, Bernardo Henao, Germán Alberto Herrera, Ernesto de Francisco Lloreda, Francisco José Lloreda, Carlos Márquez, Ricardo Moreno, Juan Navarrete, María Clara Posada, Juan Carlos Prías, Alejandro Ramírez, Consuelo Ramírez, María del Pilar Rocha, María Claudia Rojas, Juan Manuel Rogelis, Patricia Salgado, Camila Santamaría, Constanza Silva, Freddy Succar, Amadeo Tamayo, Blanca Eugenia Uribe, Jaime Andrés Úsuga, Juan Álvaro Vallejo y José Luis Villafañe.
La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez
La querella se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia contra él por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, lejos de investigar a Cepeda, abrió, en cambio un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria, por lo que la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Sin embargo, el mes pasado, la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, solicitó una condena al considerar que Uribe “ideó, promovió y respaldó una estrategia orientada a manipular el curso de la justicia penal, utilizando a terceros con el objetivo deliberado de forzar la retractación de testigos clave”.
Las víctimas del proceso alegan que el expresidente, con ayuda de su abogado Diego Cadena, intentó sobornar a testigos encarcelados para desvirtuar los vínculos con el paramilitarismo que Cepeda había denunciado. Lea también: Álvaro Uribe le respondió a Gustavo Petro: “deje el vicio de mentir”