El Gobierno nacional ajustó el camino que deben seguir las acciones de tutela contra las más altas autoridades del Ejecutivo. Desde el pasado 10 de julio, estas demandas ya no se asignan automáticamente al Consejo de Estado en primera instancia, sino que deberán ser conocidas inicialmente por jueces ordinarios del circuito o de la misma jerarquía.
Según Radio Nacional de Colombia, el cambio quedó establecido en el Decreto 0799 del 9 de julio de 2025, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Con esta norma se modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que regulaba la competencia para repartir las tutelas dirigidas contra el presidente de la República y otras autoridades nacionales. Lea también: Petro responde con polémica frase tras críticas del Consejo de Estado
El presidente Gustavo Petro argumentó que esta modificación tiene como propósito ampliar el acceso ciudadano a la justicia. “Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena. Creo que es asunto de democracia: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República”, indicó.
El nuevo decreto del Gobierno Petro
Abraham Bechara Llanos, abogado constitucionalista, argumentó que este decreto se dirige como una especie de retaliación por las decisiones que ha venido tomando el CE, las cuales “no han sido favorables al gobierno”.
“Desde el punto de vista constitucional, puede este decreto tergiversar e inclusive conculcar, sustituir y vulnerar un principio constitucional, que es el principio de la buena fe, que está consagrado en la Carta Magna. ¿Por qué se está vulnerando este principio? Porque ya existe una colisión de competencias entre el Ministerio, entre el señor Presidente de la República y el mismo Consejo de Estado, cuando ya determinó que el famoso ‘decretazo’ vulneraba la Constitución y el principio de legalidad, cuando el Presidente convocaba de manera directa, superando los límites competenciales del artículo 121 constitucional", sostuvo el jurista.
El mismo abogado señaló que también podría vulnerar la seguridad jurídica. “El mismo Ministerio de Justicia podría —si tiene conflicto de competencia con quienes son los que revisan jurídicamente sus decisiones, Consejo de Estado, Corte Constitucional— estar modificando cada vez que sea necesario un decreto de reparto de competencia, siendo esto muy delicado", enfatizó Bechara.
Y agregó: “El mensaje que se está enviando es que yo podría utilizar los decretos como mecanismo a mi conveniencia para adoptarse medidas que podrían favorecer a mi propia gestión ministerial o a la propia gestión del gobierno. Eso genera una ruptura, inclusive, del principio democrático del Estado social de derecho”.
No obstante, otros expertos consideran que el cambio no es inconstitucional. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, diálogo con medios explicando que el decreto se ajusta al marco legal porque la tutela está regulada por normas de igual jerarquía.
“Es constitucional porque el decreto 2591 de 1991 que establece las reglas de la tutela es precisamente un decreto. Y así mismo, en el año 2018 se modificaron las reglas de reparto de la tutela a través de un decreto. El Presidente puede a través de decreto modificar otro decreto”, dijo Bernate, dejando en claro que el debate es más político que jurídico.
¿Debilitamiento al Estado social de derecho en Colombia?
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, acusó al Gobierno de estar debilitando el equilibrio de poderes característico de un “Estado de derecho democrático”. “En vista de que el Consejo de Estado ha tenido fallos firmes contra algunas decisiones del gobierno, el MinJusticia pretende quitarle la competencia para conocer tutelas contra acciones del presidente. Es ilegal y es antidemocrático”, aseguró.
En la misma línea, la también senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, mencionó que ya radicó la demanda de nulidad contra el decreto 0799. “No vamos a permitir que se altere el acceso a la justicia especializada con un decreto inconstitucional que vulnera la Constitución en su artículo 152 para garantizar impunidad a su favor“, resaltó en su cuenta de X.
La entrada en vigencia del nuevo decreto del Gobierno Petro
Cabe resaltar que el decreto fue firmado por el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre Lynett, el cual entró en vigencia el pasado miércoles. El Ministerio de Justicia citó fallos de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado que han establecido que las reglas de reparto no definen competencia funcional, sino que distribuyen internamente los casos entre jueces habilitados.
Además, recordó que en 2023 la Sección Primera del Consejo de Estado suspendió parcialmente una disposición que atribuía al tribunal la competencia exclusiva sobre tutelas relacionadas con erradicación de cultivos ilícitos, argumentando que esa prerrogativa debía estar sustentada en una ley estatutaria. Le puede interesar: María Fernanda Cabal demandará decreto que limita tutelas contra Petro