Varios entes territoriales, entre ellos Cartagena de Indias, Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Cali, junto con organizaciones como la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales, han presentado una demanda ante la Corte Constitucional.
La acción busca impugnar el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, que fue modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Esta acción busca proteger la autonomía regional consagrada en la Constitución Política de Colombia.
La Norma Impugnada
La nueva disposición establece que los municipios y distritos deben incorporar en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) ciertas áreas agrícolas definidas por el Gobierno nacional.
De acuerdo con la ley, “el numeral 2° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por la Ley 2294 de 2023, crea las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), las cuales deben ser delimitadas y declaradas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en criterios técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)”. Puede leer: Centro Democrático rechaza acusaciones de Petro contra Cabal
Además, se incluyen áreas definidas en los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina. Esta modificación obliga a los municipios a incorporar estas áreas en sus POT.
Críticas a la Norma por los Entes Territoriales
Los entes territoriales argumentan que esta reforma vulnera su capacidad de decisión sobre el uso del suelo en sus respectivos territorios, lo cual, según ellos, es una facultad exclusiva de los municipios, amparada por la Constitución.
En este contexto, Milton Pereira, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena, destacó que la norma impugnada, más allá de su propósito legítimo, “la forma jurídica escogida por el legislador implica asignarles un carácter vinculante y prevalente a las APPAs, afectando profundamente el ámbito de competencias locales”.
Pereira agregó que “las APPA no son simplemente orientaciones de política agraria; han pasado a ser mandatos normativos imperativos que los gobiernos municipales deben acatar en sus decisiones de ordenamiento”.
El jefe jurídico subrayó que “la norma acusada convierte al municipio en un simple ejecutor de decisiones centralizadas, desconociendo su papel como planificador de su territorio”. Según Pereira, no existe una verdadera participación local en la identificación o manejo de las áreas protegidas, sino que “es una imposición jerárquica que vacía el contenido esencial de la autonomía”. Le puede interesar: Mauricio Lizcano anuncia su candidatura a la Presidencia de la República
Opinión de la Gobernación de Bolívar
Rafael Montes Costa, Secretario Jurídico Departamental de Bolívar, coincidió con Pereira en que la norma es inconstitucional, afirmando que “viola el núcleo esencial de la autonomía de las entidades territoriales al vaciar de contenido las competencias de definición de los usos del suelo”.
Además, explicó que “no se garantizó una regulación adecuada para proteger las competencias de las entidades territoriales, lo que genera una situación de desprotección frente al poder central”.
Solicitudes a la Corte Constitucional
Los municipios y departamentos demandantes piden a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad del numeral 2° del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, tal como fue reformado por la Ley 2294 de 2023. Aunque reconocen que la protección de las áreas agrícolas es un objetivo legítimo, sostienen que no justifica “una restricción desproporcionada a la autonomía territorial”.
En su lugar, sugieren que se utilicen mecanismos menos restrictivos, como directrices orientadoras, incentivos económicos o instrumentos de concertación, sin necesidad de vaciar la competencia municipal sobre el uso del suelo.
Así las cosas, la Corte Constitucional será la encargada de decidir si esta reforma vulnera o no la autonomía territorial de los municipios y distritos, una de las bases fundamentales del sistema de descentralización en Colombia.