Tras la movilización ciudadana del pasado jueves 3 de abril, realizada en el marco del lanzamiento de la campaña por la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, la senadora Nadia Blel Scaff, presidenta de la Comisión Séptima del Senado, denunció un hecho que, según ella, podría constituir un acto de acoso.
De acuerdo con la senadora, “algunos congresistas de la coalición de Gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos”. Puedes leer: Nadia Blel denunció acoso tras manifestación frente a su casa: Petro reaccionó
Blel afirmó que este acto “no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras”. Añadió además que “lo que ocurrió es acoso, y como tal, debe ser llamado por su nombre. No es ni decente ni aceptable que se utilice la casa de una persona como escenario para descargar frustraciones o pasiones políticas”.
¿Qué dijo el Pacto Histórico sobre la protesta?
En respuesta a la denuncia, Hernando Samudio, secretario técnico del Pacto Histórico en Bolívar y uno de los organizadores de la movilización, aseguró que no hubo plantón frente a la residencia de Blel. “Las declaraciones que hace la senadora, que habla de un plantón frente a su casa, no son reales”, sostuvo.
Samudio explicó que la actividad fue previamente coordinada con las autoridades distritales en una reunión registrada en la Secretaría del Interior, y contó con la participación de la Policía, la Defensoría del Pueblo y otros entes institucionales. “La movilización se mantuvo sobre la vía y no llegó siquiera a los andenes”, agregó.
El dirigente recalcó que la marcha fue pacífica, no bloqueó vías y no generó alteraciones al orden público. También rechazó declaraciones de un diputado liberal que habría tildado de delincuentes a los manifestantes. “Estamos consultando con nuestros abogados para estudiar acciones legales, porque quienes marchamos no hemos cometido ningún delito”, advirtió. Lea también: Marchas convocadas tras negativa del Senado a la reforma laboral
Samudio también cuestionó lo que consideró un estigma hacia las movilizaciones en sectores como Bocagrande. “Hay que quitar el tabú de que no se puede marchar por Bocagrande. Ya se ha hecho antes, incluso durante el estallido social”, señaló.
Según su versión, algunos trabajadores del sector saludaban con pañuelos a los manifestantes, en apoyo a las reformas sociales. “Condenamos todo acto de descalificación hacia una actividad que es constitucional”, expresó, afirmando que el movimiento continuará en movilización permanente.
¿Qué dijo la representante Juliana Aray sobre la denuncia?
La representante a la Cámara por Bolívar, Juliana Aray, se solidarizó con la senadora Blel y subrayó la importancia de garantizar condiciones de igualdad para las mujeres en política. En entrevista con El Universal, recordó que la manifestación ocurrió justo después de la sanción presidencial de la Ley de Violencia Política contra la Mujer, de la cual es coautora.
”Lo ocurrido frente a la casa de la senadora es una muestra de hipocresía e incoherencia”, dijo Aray, quien agregó que “esto no se ve en otras partes y solo les pasa a las mujeres”. Afirmó que la nueva ley busca precisamente evitar este tipo de situaciones. “No tenemos que ser juzgadas ni señaladas por el hecho de ser mujeres”, concluyó.
¿Qué acciones ha anunciado la Procuraduría?
Frente a estos hechos, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, anunció que desde la Procuraduría se iniciará una indagación preliminar para determinar si hubo excesos en el ejercicio del derecho a la protesta.
”El Ministerio Público está determinando si, en ejercicio del derecho a la protesta —un derecho amparado jurisdiccionalmente—, se excedieron los límites del respeto a los derechos ajenos”, explicó Eljach.
Agregó que el proceso incluye la recolección de versiones y material probatorio de carácter mediático, con el fin de garantizar el debido proceso y la protección de los derechos tanto de los ciudadanos como de los congresistas. “Esta protesta guarda relación directa con la labor legislativa de la senadora en el ejercicio de sus funciones”, puntualizó.