El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, protagonizaron un cruce de declaraciones a través de la red social X, tras conocerse un auto emitido por la Procuraduría General de la Nación.
En el documento, el órgano de control requiere al ministro responder un derecho de petición relacionado con la orden de inspección especial a Empresas Públicas de Medellín (EPM).
¿Qué solicitó la Procuraduría al ministro Palma?
De acuerdo con el representante Espinal, la Procuraduría le dio un plazo de cinco días al ministro Palma para responder a un derecho de petición e insistencia, con el fin de conocer los argumentos técnicos y jurídicos que motivaron la solicitud de intervención a EPM.
El congresista aseguró que presentó el derecho de petición hace más de 20 días y, al no recibir respuesta, decidió enviar un recurso de insistencia con copia a la Procuraduría.
La respuesta del ministro Edwin Palma
A través de la misma red social, el ministro de Minas se refirió al requerimiento de Espinal. “Honorable representante, atenderemos como siempre los requerimientos de las autoridades, pero le recomiendo leer mi carta. Solo pedí a Superservicios ejercer sus facultades. Si quiere, le regalo la carta”, escribió Edwin Palma en su cuenta de X.
Juan Espinal amplía sus críticas al ministro
En una nueva declaración pública, el congresista antioqueño señaló que “todos los antioqueños y los colombianos queremos conocer esa información, y es lamentable que el ministro de Minas se esté pasando por la faja el cumplimiento de la Constitución y la ley”.
Espinal también indicó que, como congresista, tiene facultades especiales otorgadas por la Ley Quinta, las cuales establecen que los ministerios deben responder sus solicitudes de información en un plazo máximo de cinco días.
“Hasta el día de hoy no hemos recibido esta información, por lo tanto tocó enviar el derecho de insistencia con copia a la Procuraduría”, añadió el representante.
Derecho de petición y control político
Según Espinal, los entes de control como la Procuraduría deben garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales, en especial el derecho de petición, cuando este involucra a servidores públicos como ministros de Estado.
Hasta el momento, el Ministerio de Minas y Energía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los argumentos técnicos o jurídicos que sustentan la solicitud hecha a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para adelantar una inspección especial a EPM.