El presidente Gustavo Petro, en respuesta a la decisión del Senado de archivar la reforma laboral, anunció la convocatoria de una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro de sus reformas.
“Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. Burlaron el acuerdo nacional, entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia y estamos obedeciendo la Constitución”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado argumentó que hay un “bloqueo institucional” contra su Gobierno y señaló que “decidieron burlarse de las juventudes que salieron en el estallido social del año 2021″ y del mandato popular de las elecciones presidenciales de 2022. Puede leer: Ministro de Defensa: “Grupos armados están perdiendo el control”
La postura del Gobierno Nacional
El Ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la postura del presidente y cuestionó el procedimiento que llevó al archivo de la reforma laboral en el Senado.
“Yo fui congresista 20 años y nunca vi que casi que por asalto se radicara una ponencia de forma encapuchada. No sé qué interés había para que se hundiera un proyecto sin discutirse. Es algo completamente antidemocrático”, aseguró Benedetti.
El ministro también afirmó que la consulta es un mecanismo válido dentro de la ley. “La ley dice que el presidente de la república, con la firma de todos los ministros, puede pedir una consulta popular. Se vota en el Congreso en un plazo de 30 días y, si es aprobada, el Gobierno fija la fecha de la votación”, explicó.
La respuesta del presidente del Congreso
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó las acusaciones de bloqueo institucional y defendió la autonomía del Congreso.
“El Senado no es apéndice de nadie, mucho menos de la presidencia de la república. Los senadores de la Comisión Séptima tomaron una decisión autónoma de hundir la reforma. Esa es una decisión que tenemos que respetar”, declaró Cepeda.
Además, denunció presiones contra senadores en el Congreso y alertó sobre el tono de algunos mensajes del presidente. “Lo que sucedió es repudiable, no solo por la presión ejercida en el edificio del Congreso, sino por los trinos del presidente Petro, que ponen en peligro a los congresistas y a sus familias. Nos dirigiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, anunció.
Reacciones de los senadores sobre la consulta popular
El senador Ariel Ávila consideró que la consulta es una salida legítima a la crisis política y un mecanismo constitucional que debe respetarse. Puede leer también: Alianza Verde define su futuro: ¿se dividirá el partido?
“El presidente está en todo su derecho de convocar una consulta popular. Es un mecanismo de participación ciudadana que está en la Constitución, al igual que el plebiscito y el referendo. No hay que tenerle miedo a la democracia. Ahora el reto estará en definir la pregunta de la consulta, allí es donde se centrará el debate político y constitucional”, indicó el congresista.
Sin embargo, el senador Miguel Uribe criticó duramente la decisión del presidente Petro, asegurando que es una estrategia política.
“Con la consulta popular se acaba el gobierno. Gustavo Petro renuncia a ser presidente y se dedicará a la politiquería. Utilizará los recursos de nuestros impuestos para aferrarse al poder. Es evidente que el gobierno fracasó. Si bien Colombia necesita cambios y mejoras, no podemos permitir que haya destrucción”, afirmó Uribe.
Otros sectores del Congreso han manifestado preocupación sobre los efectos que la consulta podría tener en la institucionalidad. Algunos consideran que podría debilitar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras que otros advierten que su implementación podría generar incertidumbre jurídica y económica en el país.
Análisis sobre la viabilidad de la consulta popular
El doctor en Psicología Política de la Universidad Católica, Carlos Arias, analizó las implicaciones políticas y de gestión de la consulta popular.
“El Congreso no creo que se pueda negar a una consulta, sería un costo reputacional muy alto. Sin embargo, creo que los tiempos están muy apretados. Este es un gobierno que no ha podido gestionar o ha gestionado muy poco en seis meses y los tiempos son apretados. Un mes para presentarla, según dijo el presidente, un mes para la discusión y votación en Senado. Los tiempos de la Corte Constitucional para revisar, con los que tampoco tiene buenas relaciones, los cuatro meses de la Registraduría para organizarla, que está armando elecciones y a la que tampoco le han girado los recursos suficientes. Entre 6 y 10 meses”, explicó el experto.
El anuncio de la consulta popular ha generado una fuerte confrontación política. Mientras el Gobierno la presenta como un derecho democrático, el Congreso y la oposición la ven como una estrategia política.