El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha sufrido recortes presupuestales, lo que garantiza la correcta organización de los comicios presidenciales de 2026.
“En el presupuesto de la Nación se encuentran los recursos suficientes solicitados por la Registraduría para atender el proceso electoral del año entrante. Hoy no tenemos preocupación al respecto”, afirmó Penagos.
El anuncio se realizó durante su visita al departamento de Putumayo, donde supervisó el desarrollo de elecciones atípicas para la elección de gobernador y alcalde en el municipio de Puerto Guzmán.
¿Por qué se cuestionó el presupuesto de la Registraduría?
A pesar de la tranquilidad expresada por el registrador, en septiembre de 2024 el Congreso de la República rechazó el proyecto de presupuesto general para 2025, lo que generó incertidumbre sobre los recursos asignados a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
En ese momento, distintos sectores políticos y organismos de veeduría, como la Misión de Observación Electoral (MOE), manifestaron su preocupación ante un posible desfinanciamiento que afectaría la logística electoral y el normal desarrollo de los comicios. Puede leer: San Basilio de Palenque, más cerca de ser municipio
Sin embargo, tras varias discusiones y acuerdos entre el Ministerio de Hacienda y la Registraduría, se logró garantizar la financiación necesaria para el proceso electoral de 2026. Con ello, se despejaron las dudas y se confirmó que el país contará con los recursos suficientes para organizar elecciones transparentes y seguras.
Acompañamiento a las elecciones atípicas en Putumayo
El registrador Hernán Penagos hizo estas declaraciones en el marco de su visita a Putumayo, donde acompañó la jornada electoral en la que se llevaron a cabo elecciones atípicas para elegir a un nuevo gobernador y al alcalde del municipio de Puerto Guzmán.
Estos comicios extraordinarios fueron convocados luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de los mandatarios anteriores, tras confirmar que incurrieron en doble militancia.
Durante la jornada, el registrador estuvo acompañado por el procurador Gregorio Eljach y el ministro del Interior encargado, Gustavo García, quienes supervisaron el proceso electoral para garantizar su transparencia y normal desarrollo. Desde las ocho de la mañana, las urnas fueron abiertas con total normalidad y bajo un esquema de seguridad coordinado por las autoridades nacionales y locales.
Compromiso de la Registraduría con la transparencia electoral
De cara a las elecciones de 2026, la Registraduría ha manifestado su intención de fortalecer la transparencia y la seguridad en los comicios.
Entre las estrategias que se han mencionado para mejorar el proceso electoral, se contempla la implementación de tecnología biométrica con el propósito de reforzar la autenticación de identidad en los puestos de votación. Según la entidad, esta medida busca reducir la posibilidad de suplantación y garantizar un registro más preciso de los electores.
Asimismo, la Registraduría ha indicado que mantiene coordinación con organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, con el fin de establecer estrategias dirigidas a prevenir posibles irregularidades en el proceso electoral. Además, se han identificado zonas con riesgo electoral en distintos puntos del país, lo que permitiría adoptar medidas preventivas orientadas a mejorar la seguridad del electorado y de los jurados de votación.
Garantías para las elecciones del 2026
El registrador Hernán Penagos ha reiterado que la Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con los recursos necesarios para garantizar la correcta organización de las elecciones presidenciales de 2026.
Aunque en un inicio hubo incertidumbre debido a los debates en el Congreso sobre el presupuesto, finalmente se aseguraron los fondos para cubrir todos los aspectos logísticos y operativos del proceso electoral.
Con este panorama, se espera que los comicios de 2026 se desarrollen con total normalidad, asegurando el derecho al voto de los colombianos en un ambiente de transparencia, seguridad y confianza en las instituciones electorales del país.