Un documento en poder del Departamento de Estado de Estados Unidos señala a más de 34 congresistas colombianos por supuestos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando en Colombia.
Según reveló La W Radio, entre los mencionados figuran cuatro legisladores de Bolívar, pertenecientes a distintos partidos políticos. Entre ellos están Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Cha Dorina Hernández, de Soy Porque Somos y adherida a la coalición del Pacto Histórico; así como Ángela Vergara y Fernando Niño, del Partido Conservador.
Estos congresistas se encuentran en una lista en la que también están miembros de la bancada del Gobierno nacional, lo que ha causado preocupación en el ámbito político. Puede leer: Crisis interna en el gobierno de Petro: ¿Qué está pasando?
¿Qué dice el informe entregado a la Fiscalía?
De acuerdo con información publicada por Semana, el documento fue entregado a la Fiscalía por Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN.
En este informe aparecen nombres de funcionarios que, presuntamente, habrían solicitado nombramientos en la entidad y que podrían tener relaciones con alias Papá Pitufo en distintas dependencias del país.
Este documento ha abierto un nuevo frente de investigación, ya que la Fiscalía busca determinar si estos nombramientos fueron parte de una estrategia para favorecer actividades ilícitas relacionadas con el contrabando, el control de aduanas y el lavado de activos en el país. Lea también: Revelan lista de funcionarios y recomendados políticos en el caso Dian y Polfa
¿Qué han dicho los congresistas mencionados?
Tras conocerse la existencia de la lista, El Universal buscó las respuestas de los congresistas bolivarenses mencionados. Hasta el momento, los representantes Fernando Niño, Ángela Vergara y Silvio Carrasquilla han respondido, negando cualquier vínculo con Luis Carlos Reyes o con las supuestas irregularidades.
Fernando Niño aseguró que nunca ha tenido una reunión formal con el exdirector de la DIAN y hoy ministro de Comercio.
“Nunca he tenido una reunión formal con Ricardo Reyes, ni cuando estuvo en la DIAN ni ahora que está en el Ministerio de Comercio. Me extraña que se haga esa relación; no sé de dónde la sacaron o quién se la entregó, pero creo que lo están mal informando”, afirmó Niño.
Por su parte, la representante Ángela Vergara expresó su sorpresa ante la información divulgada y negó haber recomendado personas para la entidad.
“La verdad, amanecí asombrada, sin saber qué pensar. No entiendo qué estaba buscando el Gobierno o el ministro Reyes con esta lista escueta. Además, recomendar personas no es un delito, pero en mi caso, eso nunca ocurrió. No tengo ni idea de quién es la persona que supuestamente recomendé”, afirmó.
Vergara también anunció que emprenderá acciones legales para exigir una rectificación de la información y para que no se vea afectado su buen nombre.
“Voy a iniciar todas las acciones legales junto con mis abogados para que se rectifique esta información y para que no se vulnere mi buen nombre”, señaló.
El representante liberal Silvio Carrasquilla también rechazó cualquier señalamiento en su contra y aseguró que su participación se limitó a transmitir una inquietud sobre un proceso de ascenso dentro de la DIAN.
“Bueno, primero que todo, la persona que mencionan es funcionaria de la DIAN, según tengo entendido. Yo no tengo una relación cercana con el director de la entidad ni un vínculo de confianza con él. Conozco los límites de mis funciones y siempre los he respetado”, explicó.
Según Carrasquilla, un amigo le mencionó el caso de una funcionaria que estaba participando en un concurso para mejorar sus condiciones laborales.
“En su momento, un amigo me comentó sobre su situación y me preguntó si podía averiguar al respecto. Lo único que hice fue transmitir el mensaje. Me dirigí a la secretaria del director, Alexandra, y le mencioné el caso. Ella me respondió que revisaría la información. Hasta ahí llegó mi participación. No sé si finalmente obtuvo el ascenso o no, pues no tuve ningún otro tipo de intervención en el proceso”, aseguró.
Además, el congresista cuestionó las razones por las cuales se le menciona en la lista y afirmó que la atención debería centrarse en los verdaderos responsables del escándalo en la DIAN.
“No sabemos con qué intenciones o razones el entonces director de la DIAN hizo esas menciones. Yo tengo un video donde él mismo nos indicaba que podíamos decirles a nuestros alcaldes que gestionaran solicitudes ante la DIAN para acceder a bienes decomisados, como ambulancias, maquinaria amarilla o implementos deportivos”, dijo.
Carrasquilla también insistió en que no realizó ninguna gestión irregular ni promovió nombramientos dentro de la entidad.
“Lo único que hice fue transmitir la inquietud de un amigo sobre una persona que estaba participando en un concurso, algo completamente legal. No hubo ninguna petición de favores ni de influencias. Mi papel terminó en informar a la secretaria del director sobre el caso, sin más gestiones ni seguimientos”, puntualizó.
¿Existe un delito en estos nombramientos? Esto dice la Fiscalía
Al respecto, la fiscal general Luz Adriana Camargo aclaró que recomendar personas para cargos no constituye un delito en sí mismo; sin embargo, advirtió que si se demuestra que estas recomendaciones fueron utilizadas para ubicar funcionarios estratégicos con el objetivo de facilitar actividades ilícitas, podría configurarse el delito de tráfico de influencias.
En este sentido, la Fiscalía está analizando si estos nombramientos sirvieron para favorecer redes dedicadas al contrabando, el lavado de activos y el narcotráfico.
¿Qué sigue en la investigación sobre caso Papá Pitufo?
La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las presuntas irregularidades en la DIAN y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
El caso ha causado gran expectativa en el ámbito político y judicial, pues de confirmarse los nexos con alias Papá Pitufo, podría desencadenar nuevas acciones legales contra los mencionados en el caso.
Mientras tanto, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y testimonios para determinar si existen responsabilidades penales en este caso.