La descentralización fiscal en Colombia avanza. Este martes 11 de febrero, la Registraduría General de la Nación avaló más de 3,5 millones de firmas recogidas para impulsar un referendo que busca modificar la gestión de impuestos en las regiones.
En entrevista exclusiva con El Universal, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó: “La descentralización territorial y de prestación de servicios existe, pero aún fallamos en la descentralización presupuestal. Esta iniciativa busca corregir esa falla y garantizar autonomía fiscal real para las regiones”, expresó.
El referendo plantea una reforma al artículo 298 de la Constitución, permitiendo que los departamentos gestionen directamente los impuestos de renta y patrimonio, asegurando que los recursos generados en cada región se queden en su territorio. Puede leer: Comité Promotor del Referendo por la Autonomía Fiscal Entregó Firmas
¿Cómo se distribuirían los recursos en las regiones?
Según Ruiz, actualmente el 50% de los tributos nacionales son recaudados por solo cinco departamentos: Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Santander y Cundinamarca, lo que deja en desventaja a otras regiones con menos desarrollo económico.
“Con la reforma, se espera recaudar cerca de 50 billones de pesos anuales, los cuales serían redistribuidos bajo una regla de equidad entre todos los departamentos. Ningún departamento, por más pequeño o pobre que sea, quedará sin recursos. Esto permitirá que regiones como Bolívar puedan competir con Atlántico en igualdad de condiciones, generando un entorno favorable para la llegada de empresas e inversiones”, explicó.
Corrupción en Colombia: ¿Cómo evitar el desvío de recursos?
Uno de los principales desafíos de esta propuesta es garantizar que los fondos no terminen en manos equivocadas. Ruiz advirtió sobre los riesgos de corrupción y planteó una alternativa para mejorar la administración de los recursos.
No podemos permitir que los recursos queden en manos de una sola persona. Por eso, propongo la creación de una junta de expertos en finanzas o, incluso, un banco con una junta directiva que administre los fondos.
Wilson Ruiz, exministro de Justicia
También insistió en la necesidad de endurecer las sanciones contra funcionarios corruptos. “Insisto en que se acaben los beneficios penales para los corruptos, que no vayan a cárceles de lujo y que sean aislados para que entiendan que el dinero de los colombianos es sagrado”**, enfatizó.
Hacinamiento en cárceles de Colombia: soluciones y retos
Sobre la situación carcelaria del país, Ruiz descartó replicar el modelo de megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador y propuso soluciones enfocadas en aliviar el hacinamiento penitenciario.
“Con tres o cuatro centros de reclusión para 8.000 o 10.000 internos cada uno, sería suficiente para reducir el hacinamiento”, explicó.
También destacó los avances logrados durante su gestión en el Ministerio de Justicia. “Cuando asumí el Ministerio de Justicia, el hacinamiento carcelario en Colombia era del 56.5%. En menos de dos años, lo redujimos al 16.5%, liberando a más de 41.000 internos a través de mecanismos legales”, aseguró.
Para mejorar la infraestructura carcelaria, propuso la construcción de prisiones mediante Alianzas Público-Privadas (APP) y la instalación de centros penitenciarios en zonas apartadas como la Sabana de San Ángel, en Magdalena. “Otra alternativa viable es evaluar el uso de cárceles flotantes en barcos, pero siempre con rigor en la seguridad y administración”, mencionó.
Sobre la resocialización de los internos, Ruiz señaló que más de 50.000 reclusos ya trabajan en actividades productivas dentro de las cárceles.
“Implementamos panaderías en múltiples cárceles, creamos el primer centro turístico penitenciario con apoyo de la ONU en Calarcá, Quindío, y logramos que más de 30.000 internos accedieran a educación”, explicó.
Inseguridad en Colombia: el impacto de la “Paz Total”
Ruiz fue enfático en criticar la política de “Paz Total” del Gobierno Nacional, asegurando que en lugar de reducir la violencia, ha fortalecido a grupos armados.
“Más que ‘Paz Total’, yo la llamaría ‘Fracaso Total’. La realidad es que hemos fortalecido a grupos criminales como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. En los últimos dos años el ELN ha crecido en un 6.5% a 7%, con más de 1.200 combatientes en el Catatumbo y 900 milicianos adicionales”, señaló.
También alertó sobre la grave situación de seguridad en Cartagena, donde en enero se registraron 30 homicidios, de los cuales 21 fueron por sicariato. En los primeros ocho días de febrero, ya se contabilizaban nueve asesinatos, cinco de ellos con la misma modalidad.
“El país necesita decisiones contundentes y respaldo a la Fuerza Pública. La descentralización presupuestal debe incluir recursos suficientes para fortalecer la seguridad en los territorios, el uso masivo de cámaras de vigilancia, mayor inversión en la Fuerza Pública y una reestructuración de la política criminal para combatir con mayor eficacia a los grupos delincuenciales”, insistió.
“Un país como Singapur, que es pequeño, tiene más de 200.000 cámaras de vigilancia. ¿Por qué? Porque la tecnología es disuasiva”, comentó.
¿Aspiraciones presidenciales en 2026?
Al ser consultado sobre si este referendo podría ser una plataforma política para futuras elecciones, Ruiz aseguró que su prioridad es impulsar la descentralización fiscal. No obstante, reconoció que dentro del movimiento hay figuras con aspiraciones políticas, como el gobernador del Meta, Guillermo Zuluaga, y el concejal de Bogotá, Daniel Oviedo.
“Mucha gente me ha propuesto aspirar a la Presidencia, pero soy consciente de que no dispongo de los recursos ni de una plataforma política para ello”, afirmó.
Sin embargo, no descartó la posibilidad de lanzarse como candidato independiente. “Si logramos recoger 3,5 millones de firmas para el referendo de autonomía fiscal, conseguir menos de un millón de firmas para una candidatura presidencial no es imposible”, señaló.
Lo que sigue para el referendo de autonomía fiscal
Tras la validación de las firmas por parte de la Registraduría, el proyecto será discutido en el Congreso en los próximos meses. En caso de ser aprobado, pasará a revisión de la Corte Constitucional, y si es declarado exequible, el Presidente de la República deberá convocar a un referendo nacional.
La iniciativa divide opiniones, sus defensores la ven como un avance en descentralización, mientras que sus críticos temen un aumento en la corrupción.