La Defensoría del Pueblo de Colombia presentó un informe ante el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, Gehad Madi, en el que expone tres problemáticas clave en el contexto migratorio del país: la migración venezolana, la crisis en la selva del Darién y las deportaciones masivas desde Estados Unidos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó que durante la reunión con el relator especial de la ONU se entregó un informe detallado sobre la situación de la población migrante en Colombia. “En este documento abordamos la situación de la población venezolana, el tránsito transfronterizo en la selva del Darién y las deportaciones masivas desde Estados Unidos. Además, presentamos recomendaciones clave para prevenir vulneraciones a los derechos humanos y subrayamos la urgencia de una acción coordinada entre los Estados”, señaló.
Colombia sigue siendo el principal país receptor de migrantes venezolanos, con un registro de 2.808.165 personas. Sin embargo, la mayoría enfrenta dificultades económicas, falta de acceso a derechos básicos y un marco de protección insuficiente. “Colombia alberga actualmente 2.800.000 personas migrantes venezolanas, de las cuales más de 1.979.000 cuentan con permiso de protección temporal. A pesar de los esfuerzos del país, es imprescindible fortalecer la cooperación internacional para abordar las causas de la migración, prevenir la discriminación y garantizar la seguridad de esta población”, agregó Marín. Puede leer: Fernando Niño: “La migración no es el problema, sino sus causas”
La selva del Darién: una ruta peligrosa para los migrantes
El Tapón del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo, ha registrado un incremento en el flujo migratorio, con 400.612 personas cruzando esta zona en 2024. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de estos migrantes son de nacionalidad venezolana (más de 300.000 personas), seguidos por ciudadanos ecuatorianos y colombianos.
“En lo que va del año, 126.000 mujeres, 195.000 hombres y 72.000 niños, niñas y adolescentes han transitado por esta ruta. Las mujeres y niñas enfrentan altos riesgos de violencia de género, mientras que la falta de verificación de parentesco expone a la niñez a la trata y explotación. Actualmente, no existen alertas binacionales ni rutas de protección claras para la niñez no acompañada o víctimas de violencia de género”, advirtió la Defensoría.
Deportaciones masivas desde EE.UU.: desafíos y denuncias
Las recientes órdenes ejecutivas en Estados Unidos han acelerado las deportaciones masivas de migrantes, lo que ha derivado en graves denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos.
“Desde el cambio de gobierno en Estados Unidos, han aumentado las deportaciones y retornos involuntarios de connacionales. Es fundamental que estos procesos se lleven a cabo con pleno respeto al derecho internacional, garantizando la protección de los derechos fundamentales, especialmente el principio de no devolución, consagrado en diversos tratados internacionales”, advirtió la Defensoría.
Desde 2023, se ha registrado un incremento en la deportación de familias, incluidos niños, niñas y adolescentes, debido a nuevas medidas migratorias en Estados Unidos. “Las personas retornadas han denunciado malos tratos en los centros de detención transitoria de migrantes en la frontera o en los puntos de entrada, donde se han reportado casos de violencia de género, abuso sexual y condiciones inadecuadas de reclusión”, señala el informe.
La Defensoría urgó a fortalecer la protección de los derechos humanos en estos procesos, exigir el respeto por parte de las autoridades estadounidenses y garantizar la asistencia consular de Colombia. También hizo un llamado a mejorar los mecanismos de recepción en el país para asegurar una acogida digna y segura a las personas deportadas.
Medidas urgentes para mejorar la protección de migrantes
Entre las recomendaciones presentadas al Relator Especial, la Defensoría destacó la necesidad de que los Estados prevengan y atiendan las causas de la migración, garantizando condiciones seguras y protección efectiva, en especial para la niñez no acompañada, las mujeres y la población LGBTIQ+.
“Propusimos fortalecer el registro de personas migrantes, crear canales accesibles de denuncia ante violaciones de derechos humanos, socializar las rutas de protección y brindar asistencia jurídica y humanitaria. También instamos a ampliar los centros móviles en la frontera para jornadas de documentación, flexibilizar mecanismos de regularización, evitar la apatridia infantil y establecer protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en tránsito”, expuso la defensora del Pueblo.
Finalmente, la Defensoría enfatizó la importancia de incluir a la población migrante en políticas públicas basadas en el respeto al derecho internacional y en la cooperación interinstitucional para garantizar una migración segura, ordenada y regular.