La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior no militar, cooperando con los países receptores en áreas económicas, agrícolas, sanitarias, políticas y humanitarias.
Desde su creación en 1961, bajo el mandato del presidente John F. Kennedy, la agencia ha impulsado programas en América Latina enfocados en el desarrollo agrícola, la educación y la lucha contra el narcotráfico, entre otros.
Sin embargo, en los últimos días la entidad ha sido objeto de críticas por parte de Donald Trump tras su llegada a la Casa Blanca. Este ha cuestionado su rol, señalándola “de actuar más como una ONG global que como un instrumento de política exterior alineado con los intereses de Estados Unidos”.
Como parte de su política de “América Primero”, Trump ha propuesto una reestructuración de la agencia, contemplando su integración al Departamento de Estado y ordenando la suspensión de una parte considerable de la asistencia exterior, lo que ha detenido múltiples proyectos a nivel global. Lea también: Preocupación en Colombia por suspensión de aportes económicos de USAID
Impacto en Colombia
La posible reducción de los fondos de USAID genera preocupación en Colombia, donde la cooperación internacional desempeña un papel clave en la implementación de políticas sociales y de desarrollo.
María Alejandra Victorino, miembro de la junta directiva de Ocupar la Política y coordinadora de Incidencia Política del Extituto de Política Abierta, advierte sobre las consecuencias de esta medida.
“USAID financia tres líneas de trabajo fundamentales: la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del Acuerdo de Paz. Para el 2022, destinó 1.087 millones de dólares exclusivamente para Colombia. Este dinero es clave no solo para esos tres frentes de trabajo, sino también para la sostenibilidad de muchas organizaciones que dependen de estos fondos para mejorar las condiciones de vida de miles de personas y fortalecer la paz en el país. Si esta cooperación desaparece, perderemos una gran capacidad de articulación social a nivel territorial. Muchas organizaciones de la sociedad civil que dependen de esta ayuda se verán obligadas a reducir sus operaciones o incluso a cerrar. Colombia, que es un país con un alto número de organizaciones sociales, perdería un factor clave de cohesión”, expresó.
Además, Victorino resalta que muchas dependencias estatales no cuentan con los recursos suficientes para atender las necesidades del territorio, lo que traería repercusiones en materia de empleo. Le recomendamos: ¿Cómo se verá afectada Colombia con el posible cierre de USAID?
“Es importante recordar que muchas de estas organizaciones cumplen funciones que el Estado no alcanza a cubrir, entrelazando las necesidades ciudadanas con las capacidades institucionales. Sin estos recursos, proyectos de gran envergadura e inversiones estratégicas que el Gobierno no tiene la capacidad de financiar quedarían estancados. Por supuesto, también enfrentaremos una pérdida de empleo considerable, lo que agravaría aún más la situación. Pero, más allá de eso, se debilitarían las capacidades de la sociedad civil para gestionar sus propias necesidades en los territorios, que es donde realmente se sentiría el mayor impacto de esta decisión”, señaló.
Repercusiones en Cartagena
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se refirió al impacto que tendrá la suspensión de los fondos de USAID en la atención a la población migrante y otros programas que reciben recursos de la agencia, asegurando que ha dado instrucciones para reorientar recursos del Distrito con el fin de mitigar la afectación.
“Ya he dado orden a todas las dependencias del Distrito que en sus presupuestos del 2025 focalicen recursos para no dejar a todas estas personas desatendidas. Esto requiere una reingeniería de lo que se había proyectado en materia social para el presupuesto de esta vigencia. Pero aquí lo más importante es que tenemos la voluntad y el ímpetu de no dejar atrás a nadie, mientras la política global sigue en reyerta, afectando la asistencia humanitaria de la región”, afirmó.
Según datos de Migración Colombia (a diciembre del 2024), Cartagena alberga a 69.093 migrantes venezolanos. De ellos, 1.963 tienen estatus de regularidad, 6.269 están en proceso de regularización, 52.333 cuentan con autorización y 8.528 se encuentran en condición irregular. Además, el 75,74 % de los venezolanos en la ciudad posee el Permiso por Protección Temporal (PPT).
María Mercedes Abondano, directora de Cooperación Internacional del Distrito, explicó cómo se han distribuido los recursos provenientes de USAID en Cartagena.
“En el 2024 contamos con un acompañamiento directo por parte de USAID y del Departamento de Estado en distintos programas del Distrito que estaban alineados con nuestro Plan de Desarrollo. Estos programas abarcaban temas claves como migración, trata de personas, cambio climático y estrategias de transparencia. En particular, recibimos un importante respaldo para el fortalecimiento de nuestro Centro Intégrate”, explicó la funcionaria.
Frente a la incertidumbre, el alcalde Turbay anunció que la administración distrital busca alternativas de cooperación con otros países para suplir la eventual ausencia de USAID.
“Lo más importante es que ya nuestra Oficina de Cooperación Internacional trabaja para hacer contacto con otros países desarrollados en Europa o con Japón, Francia, Países Bajos, Italia, suiza para que en poco tiempo todos estos programas cuenten con los recursos necesarios. Creo que esa es la noticia más alentadora que podemos dar, en momentos de reflexión sobre la importancia de la cooperación internacional y la financiación basada en derechos”, concluyó.
La decisión de Estados Unidos de reducir su cooperación internacional plantea un escenario desafiante para Cartagena y el país, dejando en vilo el futuro de numerosos programas sociales y el bienestar de miles de personas que dependen de estos recursos.