El presidente Gustavo Petro generó una fuerte controversia el jueves 30 de enero en Barranquilla al afirmar que las tarifas de energía en Colombia “son ilegales”. Durante su discurso, el mandatario cuestionó el modelo de regulación vigente y señaló a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como responsable de favorecer intereses privados.
“Hoy puedo decir con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”, declaró Petro. Además, criticó el mecanismo de fijación de precios, asegurando que proviene de un modelo establecido hace tres décadas. “Una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el presidente, pero que vienen de las generadoras privadas, es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”, sostuvo.
El jefe de Estado también se refirió al alto costo de la energía en la región Caribe, comparado con otras ciudades del país. “La hacen difícil para que el pueblo del común no logre entender por qué la energía en la Costa Caribe, la tierra del sol, termina siendo dos o tres veces más cara que en Bogotá o en Cali, por qué siendo Colombia un país con tanta agua, con tanto sol, paga las tarifas eléctricas más caras de América”, argumentó.
Liga de Usuarios cuestiona las afirmaciones de Petro
Las declaraciones del mandatario no tardaron en recibir críticas. Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en el Atlántico, aseguró que Petro incurrió en imprecisiones y omisiones clave. “Sus declaraciones estuvieron marcadas por imprecisiones y verdades a medias. Lo más preocupante es que no abordó la razón principal por la cual su gobierno no ha reducido las tarifas eléctricas en la Costa Caribe, a pesar de que el Tribunal Administrativo del Atlántico se lo ordenó hace siete meses mediante medidas cautelares”, enfatizó. Puede leer: Conozca los proyectos regulatorios priorizados por la CREG para 2025
Según Alarcón, la resolución 101066 de 2024, promovida por el Ejecutivo para reducir las tarifas, tiene un impacto limitado. “No obstante, omitió un detalle clave: esta resolución solo aplica a las compras de energía realizadas en la bolsa, que representan apenas entre el 10% y el 15% del total de la energía comercializada en Colombia. Según datos oficiales de XM, más del 85% de la energía se negocia mediante contratos bilaterales a largo plazo entre generadoras y comercializadoras, lo cual hace que el impacto de esta medida sea mínimo”, explicó.
Además, criticó al presidente por responsabilizar a XM de no aplicar la resolución sin contar con los lineamientos completos para su ejecución, “cuando en realidad, para su implementación era necesario un anexo explicativo sobre el proceso, el cual solo fue entregado recientemente. Esto demuestra otra imprecisión en su intervención”, afirmó.
La empresa Air-e cobra 907 pesos por kilovatio-hora en la Costa Caribe, mientras que Afinia cobra 1.001 pesos, las tarifas más elevadas del país. Empresas Públicas de Medellín (EPM) cobra 891 pesos, Enel en Bogotá 853 pesos y la electrificadora del Valle del Cauca 879 pesos. Esto refleja un costo significativamente más alto en la región Caribe respecto a otras zonas de Colombia.
Reacciones políticas divididas
Las declaraciones del presidente también provocaron reacciones en el Congreso. La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro respaldó las acciones del Gobierno para reducir las tarifas energéticas. “Aquí se han disminuido las tarifas del Caribe, a pesar de los esfuerzos de algunos sectores y de las castas políticas de este territorio. Se ha dado un mínimo de justicia. Estamos avanzando”, aseguró.
Por otro lado, el representante cartagenero Fernando Niño fue crítico con el Ejecutivo, argumentando que la región Caribe sigue pagando los precios más altos. “Es inaceptable que el kilovatio por hora cueste mucho más en la región Caribe que en otras zonas del país. Esto se debe, en parte, a que se nos está trasladando un porcentaje del alto costo de las pérdidas no técnicas. Además, seguimos pagando la opción tarifaria, que, aunque se haya dividido en varias cuotas, sigue representando un incremento elevado en la factura de los usuarios”, indicó.
El congresista también hizo un llamado a las autoridades para regular de manera equitativa las tarifas. “La Costa Atlántica no puede seguir pagando la electricidad más cara del país mientras las soluciones existen y no se están implementando. No podemos permitir que las decisiones queden estancadas en escritorios. Hago un llamado urgente al Gobierno nacional, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la CREG para que tomen medidas inmediatas que transformen el sistema eléctrico y lo hagan más justo y eficiente para todos”, concluyó.
En la tarde de ayer, el presidente Petro, a través de X, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos vigilar la aplicación de la nueva fórmula tarifaria. “Le he pedido a la Superintendencia de Servicios Públicos estricta vigilancia sobre la introducción de la nueva fórmula tarifaria para energía eléctrica que busca reducirla sustancialmente, y su aplicación desde ya en el mercado real de la energía eléctrica en el país”, tuiteó.