El Gobierno nacional anunció un recorte de $12 billones al Presupuesto General de la Nación, como parte de una estrategia para enfrentar la crisis fiscal. Esta medida, atribuida al rechazo del Congreso a la reforma tributaria propuesta por el Ejecutivo, obliga a reducir el presupuesto proyectado para el 2025, que pasa de $523 billones a $511 billones.
El ajuste ha desatado fuertes críticas en distintos sectores políticos. A través de la red social X, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, cuestionó las decisiones del Gobierno: “La característica de este Gobierno es el desconocimiento a la autonomía del Congreso y su interés de imponer sus dañinas reformas tributarias. Culpar ahora al legislativo del recorte presupuestal es mentiroso y ruin. Inquietante el recorte a las Fuerzas Armadas, que será de 1,2 billones, siendo el Ejército el más afectado (con $152 mil millones). La FAC, la Armada y la Policía también perjudicados”.
Golpe al Canal del Dique y la región Caribe
Desde distintos sectores coinciden en que los recortes también afecta al megaproyecto del canal del Dique, clave para mitigar inundaciones en la región Caribe y proteger ecosistemas vulnerables. El senador cartagenero Jorge Benedetti calificó de “alarmante” la decisión del Gobierno de “suspender recursos para esta obra” vital. Puede leer: Déficit fiscal en Colombia supera los $20 billones, alerta CARF
“Se han suspendido más de $710 mil millones destinados al canal del Dique, lo que retrasa su avance. Este gobierno ha puesto trabas constantes, desde frenar la licitación hasta exigir licencias ambientales que prolongan indefinidamente el proyecto. Ahora, con este recorte, no solo se posterga su ejecución, sino que además se pone en riesgo jurídico al Estado”, dijo.
Benedetti añadió que será el próximo gobierno quien asuma la responsabilidad de materializar esta obra. “Bajo el mandato del presidente Petro este proyecto no se realizará. Es irónico que el autodenominado gobierno del cambio, que se presenta como defensor del medio ambiente, haya sido el que le dio la espalda al proyecto de restauración ambiental más importante del continente. Tengo la esperanza de que el próximo gobierno tendrá la sensatez de eliminar los trámites burocráticos innecesarios para que esta obra finalmente se materialice”.
Estado actual del proyecto
Desde el Comité Prodique se explicó que el proyecto sigue en etapa de preconstrucción, la cual se extenderá al menos 18 meses más, debido a las exigencias de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Puede leer: Gobierno ordenó aplazamiento de recursos para la primera línea del Metro de Bogotá
“Los responsables de este proyecto lo que han hecho es aplazar la inversión, ya que la elaboración de la licencia ambiental y el estudio de impacto ambiental ha tomado 14 meses adicionales. Por lo tanto, esos 14 meses también se suman a la etapa de preconstrucción. Cuando esta etapa esté finalizada y el proyecto esté listo para iniciar la construcción, los recursos deberán estar disponibles; sin embargo, es probable que esa labor recaiga en el próximo gobierno, no en el actual”, afirmó José Mogollón, miembro del Comité Prodique.
Actualmente, se avanza en la selección de una firma especializada para el estudio de impacto ambiental, un proceso que tomará 14 meses de elaboración y 4 meses para su aprobación.
Además del canal del Dique, otros sectores claves enfrentan recortes. El Ministerio de Hacienda verá reducciones de $3,5 billones, mientras que el Ministerio del Trabajo y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tendrán ajustes de $2,8 billones y $1,7 billones, respectivamente.
Alcalde y gobernador exigen rectificaciones
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se sumó a las críticas y pidió reconsiderar la suspensión de los recursos, resaltando la importancia del canal del Dique para el desarrollo de la región Caribe.
“Suspender una inversión tan significativa como los 700 mil millones de pesos para este macroproyecto podría significar perpetuar problemas históricos, como las inundaciones recurrentes, la contaminación ambiental y el atraso socioeconómico de las poblaciones ribereñas. Estamos a tiempo de corregir el rumbo. Invito al Gobierno nacional a reconsiderar esta decisión con una visión de largo plazo. Recuperar el canal del Dique es una apuesta por la sostenibilidad, la reducción de vulnerabilidades ante el cambio climático y la construcción de un Caribe más próspero. Es una obra que beneficiará a todo el país y que debe ser entendida como una prioridad nacional”, indicó Arana.
De igual forma, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, enfatizó en la necesidad de destrabar el proyecto, destacando sus beneficios ambientales y sociales.
“Son $710.000 millones congelados bajo el eufemismo de un aplazamiento de vigencias futuras que le niegan la posibilidad a Cartagena de gozar de un proyecto que oxigenaría a nuestra bahía, a la ciénaga de La Virgen y a todos los cuerpos de agua que el sedimento del río Magdalena contamina. En un enésimo llamado al Gobierno nacional; tras conocerse este recorte, invitamos a destrabar el proyecto del canal del Dique, suspendido por la espera de una licencia ambiental de la ANLA. La ciénaga de La Virgen, nuestro mayor cuerpo de agua, agoniza por la falta de oxigenación que este proyecto le daría. La bahía de Cartagena recibe sedimentos del canal del Dique, causando un desastre ambiental ampliamente estudiado, alterando la biodiversidad acuática y todo tipo de ecosistemas”, señaló Turbay.
Análisis económico
Dewin Pérez Fuentes, PhD y magíster en Ciencias Económicas, docente de la Universidad de Cartagena y catedrático de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), aclaró que la reciente medida del Gobierno Nacional sobre el presupuesto no representa un recorte, sino un aplazamiento temporal.
“Lo primero que debemos aclarar es que lo aprobado es un aplazamiento presupuestal, lo cual es distinto a una reducción presupuestal. En el caso del aplazamiento, se trata de una operación presupuestal de carácter temporal que puede ser modificada en su monto y composición, tal como lo establece el Estatuto Orgánico Presupuestal de nuestro país. Esto se realiza mediante otro decreto del Gobierno Nacional, previa aprobación del Consejo de Ministros. Es posible que el Gobierno esté contemplando la incorporación de recursos provenientes de los saldos no ejecutados del año anterior para financiar las partidas y operaciones presupuestales aplazadas con el presente decreto. También podría estar considerando los efectos de la recuperación económica, que se está consolidando en el país, para esperar un aumento del recaudo”, explicó Pérez Fuentes.
El experto subrayó que el 60% de las partidas aplazadas corresponden a gastos de funcionamiento, mientras que el 40% restante afecta la inversión. En este sentido, destacó que el gasto operativo del Estado debe enfocarse en mejorar la eficiencia administrativa y en garantizar una ejecución más responsable del presupuesto en todos los niveles del Gobierno.
“En el caso del gasto de funcionamiento, este tiene que ver con la operatividad del Estado, y se debería responder con mayores niveles de eficiencia administrativa y una ejecución más responsable en todas las entidades, especialmente en las más afectadas, como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, que absorben conjuntamente más del 50% de los recursos objeto del aplazamiento”, puntualizó Pérez Fuentes.