El pasado 10 de enero, el presidente Gustavo Petro desató un intenso debate en redes sociales al manifestar su apoyo al arte del grafiti en Medellín. A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario escribió: “¡El arte no se calla! Viva Medellín culta y en paz”.
La declaración generó una pronta respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aclaró que las obras a las que hacía referencia el presidente no contaban con autorización y planteó una postura más restrictiva respecto al uso del espacio público para este tipo de expresiones. Puede leer: Julieta Lemaitre: la voz cartagenera que impulsa la paz en la JEP
“Una cosa es el grafiti como expresión artística, ejemplo de lo que se ha logrado en la Comuna 13 y en otras zonas de Medellín. Es más, está reglamentado por un acuerdo municipal. Y en nuestro Plan de Desarrollo hemos definido intervenir 30.000 metros cuadrados con arte urbano. Otra cosa muy diferente es el desorden y quienes simplemente quieren generar caos y poner fea y sucia la ciudad. Acá hay respeto por las expresiones artísticas y las apoyamos, pero también tenemos claro que el espacio público de la ciudad es de todos y hay que mantenerlo limpio y bonito”, expresó Gutiérrez en respuesta al mensaje del presidente.
Las palabras del alcalde no tardaron en ser replicadas por Petro, quien no solo defendió su postura sino que lanzó fuertes señalamientos contra la administración de Medellín. “El fascismo en Medellín borra de nuevo el arte y la libre expresión en los muros. Los grupos fascistas quieren negar su fascismo: el ser simplemente delincuentes cuyo sectarismo los lleva a eliminar físicamente la diferencia. Esto es fascismo”, escribió el presidente, elevando el tono del debate.
Este cruce de declaraciones ha puesto en el centro del debate la tensión entre el arte urbano y la regulación del espacio público. Mientras algunos sectores defienden la importancia de proteger y legitimar el grafiti como una expresión cultural, otros insisten en la necesidad de establecer límites claros para evitar que la ciudad caiga en el caos visual.
El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, también se sumó a la discusión y recordó que el grafiti en Medellín cuenta con un marco normativo que busca balancear estas posturas. “En 2020, tras dos años de trabajo, aprobamos en el Concejo de Medellín el acuerdo municipal de Arte Urbano Gráfico. La aprobación se logró con la totalidad de los votos de los concejales, incluidos ocho del Centro Democrático, que se sentaron a conversar con los artistas y entendieron la importancia de esta expresión artística y la necesidad de darle legitimidad y un marco normativo”, destacó Carvalho.
El episodio refleja no solo la complejidad de equilibrar la promoción del arte urbano con el orden y la limpieza de los espacios públicos, sino también las profundas divisiones políticas que tienden a polarizar debates de carácter cultural en el país. Por ahora, el cruce de acusaciones sigue alimentando un debate que involucra no solo a artistas y políticos, sino también a ciudadanos preocupados por el futuro del arte urbano en Medellín y en Colombia.