En una acción que pone en el centro los derechos fundamentales de los cartageneros, la Administración Distrital de Cartagena interpuso una tutela ante el Tribunal Superior de Cartagena contra el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena. Según la demanda, “decisiones judiciales recientes han puesto en riesgo recursos esenciales para la población más vulnerable”.
El foco del pleito legal gira en torno a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), específicamente los destinados al agua potable y saneamiento básico. La Alcaldía argumenta que estos fondos, protegidos por la Constitución y leyes nacionales, son inembargables debido a su destinación específica para garantizar servicios esenciales a los ciudadanos. Puede leer: Por calumnias contra Dumek Turbay, juzgado ordena rectificación a veedor
El embargo y sus efectos: una disputa legal con impacto social
La Administración Distrital advierte que la medida cautelar de embargo impuesta sobre estos recursos representa una “vulneración al debido proceso” y desconoce el precedente judicial que protege la inembargabilidad de los fondos del SGP. Según el Distrito, esta decisión ha dificultado el cumplimiento de compromisos vitales, como el pago de subsidios para servicios públicos básicos que benefician a los estratos 1, 2 y 3.
Creemos que el actuar del juez en el caso concreto constituye una vía de hecho, que incluso puede constituir una falta disciplinaria. Esperamos que con esta acción se revoque la decisión del juez, que luego de casi 3 años, se declaró sin jurisdicción y así garantizar el derecho fundamental al agua y al saneamiento básico de todas las comunidades subsidiadas de Cartagena.
Alcaldía de Cartagena
La medida, agrega, “pone en peligro la continuidad del suministro de agua potable y el saneamiento básico, servicios que son fundamentales para la calidad de vida de la población”.
Acción inmediata: proteger derechos y garantizar servicios
Ante esta situación, el Distrito ha solicitado al Tribunal Superior que levante el embargo y deje sin efecto la decisión judicial que lo sustenta. Como medida provisional, exige suspender los efectos del auto de embargo mientras se resuelve la tutela, argumentando que los recursos congelados son clave para garantizar derechos fundamentales.
“Con esta acción constitucional buscamos que se levante la medida cautelar que se impuso a recursos inembargables del Sistema General de Participaciones y con ello garantizar los derechos fundamentales de los cartageneros, como lo es el debido proceso, el acceso al agua potable y al saneamiento básico”, dijeron desde la Alcaldía.
El Distrito subraya que estos recursos del SGP no solo son fundamentales por su destinación, sino que su indisponibilidad podría ocasionar un perjuicio irremediable para la población vulnerable que depende de los servicios públicos financiados con dichos fondos.
Por ultimo desde la Alcaldía indicaron que la acción de tutela también busca “sentar un precedente en la protección del régimen de inembargabilidad de los recursos del SGP”. Para la administración distrital, este caso no solo es una disputa judicial, sino también un compromiso con los derechos fundamentales de los cartageneros, especialmente los más necesitados.