El reciente Estatuto Tributario sancionado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha causado un debate entre líderes locales y gremiales. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, calificó las medidas del estatuto como una amenaza económica para los cartageneros, mientras que el Consejo Gremial de Bolívar advirtió sobre “la falta de transparencia y el impacto negativo que estas decisiones podrían tener” con la reactivación económica del departamento.
La controversia se centra en cambios como la inclusión de la estampilla Pro Hospital Universitario del Caribe (HUC) y otras cargas impositivas que, según los críticos, afectarán directamente a la competitividad y al bolsillo de los ciudadanos. Por su parte, la Gobernación de Bolívar ha defendido el estatuto, señalando que introducir ajustes en la política fiscal es necesario para modernizarla y eliminar cobros que impactan a los sectores más vulnerables.
La polémica comenzó luego de las críticas por parte del alcalde Turbay. “No estuve de acuerdo con la famosa ‘tasa de seguridad’, tampoco con el Estatuto Tributario de Bolívar donde, además, se incluye un tributo del 2 % sobre los honorarios de contratistas por Orden de Prestación de Servicios (OPS) del Distrito. Desde la Alcaldía no aceptamos más cobros, estampillas o impuestos en la contratación del Distrito”, mencionó Turbay. Lea: Alcalde Dumek Turbay rechaza nuevo Estatuto Tributario de Yamil Arana
Ante ello, el gobernador Arana no demoró para pronunciarse. Por un lado, hizo una claridad sobre una aprobación de la Asamblea y la suspensión del cobro de la tasa de seguridad. Así mismo, en respuesta a lo publicado por el alcalde, este puntualizó: “Querido alcalde, el estatuto tributario se hizo precisamente para suspender el cobro de la Tasa de Seguridad y corregir ordenanzas aprobadas en gobiernos anteriores. No hay ningún tributo nuevo para la ciudadanía”.
En una de las críticas hechas por Turbay, señaló el estatuto como una medida que “amedrentará a los bolsillos de los cartageneros”. Así mismo, se refirió al cobro de la estampilla: “La Gobernación nunca ha dado argumentos de fondo para defender el cobro de esta estampilla, su beneficio para Cartagena y sobre los indicios de que el decreto que la originó está viciado. Y parece importarle poco, por lo visto en el nuevo Estatuto Tributario, que al lucrarse de los cartageneros están amedrentando nuestros bolsillos y afectando la competitividad e inversión en nuestra ciudad”, expresó Turbay.
Por su parte, Arana se refirió a la medida que quedó establecida en el nuevo Estatuto Tributario, la cual hace ajustes en la política fiscal del departamento. “Ese cobro iba a representar un golpe al bolsillo de los cartageneros y bolivarenses que no están en condiciones de pagar. No le podemos cargar al bolsillo de los ciudadanos más tributos. Ya pueden estar tranquilos, no haremos ese cobro”, afirmó Arana.
Y agregó: “Ningún trabajador va a sufrir más carga impositiva. Al contrario. Hemos eliminado cobros que golpean el bolsillo de los contribuyentes. No estamos cobrando impuestos”.
Consejo Gremial de Bolívar se pronuncia
Tras la sanción del nuevo Estatuto Tributario por parte del gobernador Arana, el Consejo Gremial de Bolívar expresó su preocupación “por la falta de socialización, la ausencia de audiencias y el limitado diálogo con los sectores que podrían verse afectados, especialmente en Cartagena”.
El Consejo señaló que, aunque considera positivo compilar en un solo documento las múltiples ordenanzas tributarias antiguas, este estatuto podría impactar negativamente en áreas claves como la compra de vivienda, la competitividad empresarial y las inversiones futuras.
Según Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, uno de los puntos más preocupantes es el impacto que tendrá en el sector inmobiliario de la ciudad. “Cuando se compra una vivienda y se va a registrador, la persona debe pagar una tasa del 0,5 % a la Gobernación de Bolívar si la vivienda es tipo VIS. Ahora, el estatuto ordena que viviendas NO VIS tengan que pagar el 1 % del valor del inmueble”, explicó.
Este ajuste, indicó el Consejo, afectará directamente a quienes deseen adquirir inmuebles en Cartagena, desincentivando proyectos de construcción en la ciudad y reduciendo su competitividad. Otro de los aspectos señalados por Oliveros es el incremento de las tasas que afectan a los contratistas, así como el aumento en el cobro de la electrificación rural, lo que podría limitar futuras inversiones en infraestructura eléctrica para zonas apartadas del departamento. Lea también: Yamil Arana responde al alcalde Dumek Turbay sobre Estatuto Tributario
“El Consejo Gremial seguirá estudiando el estatuto para un mayor y profundo análisis, pues es un documento de 500 páginas, en el que reconocemos que es bueno que se compila en un solo documento múltiples ordenanzas antiguas. El problema fue su falta de socialización y participación de los actores que puede afectar, por lo que pedimos mayor transparencia y diálogo en este tipo de procesos”, concluyó Oliveros.
La posición de Funcicar
Por su parte, Funcicar reiteró la necesidad de que la Asamblea de Bolívar adopte mecanismos más sólidos de participación ciudadana durante el estudio de proyectos de ordenanza.
“Consideramos oportuno que la Asamblea modifique su reglamento interno para incluir una audiencia pública por cada proyecto, siguiendo el ejemplo del Concejo de Cartagena”, señaló el Observatorio de Funcicar, destacando que este tipo de espacios no solo fomentan la inclusión, sino que también promueven la transparencia en el proceso legislativo.
En su rendición de cuentas del 2024, la Asamblea informó la realización de cuatro audiencias públicas en el año, un número que, aunque cumple con las normas, es insuficiente para generar el dinamismo necesario en la discusión de proyectos importantes, indicó Funcicar.
El caso del Estatuto Tributario es, según la organización, un claro ejemplo de la importancia de estos espacios. Tanto el Consejo Gremial de Bolívar como el alcalde Dumek Turbay manifestaron su inconformidad por la falta de diálogo previo con los sectores privados e institucionales, lo que, en opinión de Funcicar, habría enriquecido el análisis del proyecto y fortalecido la toma de decisiones.
“Las audiencias públicas son un mecanismo indispensable para garantizar que los proyectos de ordenanza reflejen las necesidades y preocupaciones de todos los actores involucrados. Instamos a la Asamblea a avanzar en este sentido”, concluyó el Observatorio de Funcicar.