Según el Gobierno Nacional, la Ley de Financiación tiene como objetivos proteger el poder adquisitivo de la población más vulnerable, promover la equidad social, combatir la evasión fiscal e impulsar el crecimiento y la productividad. Estas metas se alcanzarían mediante un conjunto de medidas tributarias y económicas que impactarían diversos sectores de la sociedad y la economía colombiana. A través de esta ley, el Gobierno busca recaudar 12 billones de pesos para cumplir con estos fines.
Ante esto El Universal consultó con Dewin Pérez Fuentes, PhD en Ciencias Económicas, docente de la universidad de Cartagena y catedrático de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP para analizar a fondo la importancia de aprobar esta ley y el impacto que generaría en las fianzas de la Nación. Puede leer: Diego Guevara y los desafíos de la Ley de Financiamiento
¿Cuál es su visión sobre la situación fiscal de Colombia y su evolución en los últimos años?
En el frente fiscal, la economía colombiana ha enfrentado problemas estructurales que se han profundizado, especialmente desde la década de los noventa. Estos problemas no solo son el resultado del gasto derivado de la creación de nuevas instituciones y el aumento del gasto público por la Constitución de 1991, sino también de reformas tributarias regresivas que favorecieron a los más ricos. Estas reformas establecieron exenciones tributarias a los sectores con mayor poder político, lo que ha creado un desajuste fiscal. Además, el sistema tributario se ha caracterizado por un recaudo muy lento, lo que ha obligado al gobierno a aumentar su endeudamiento, alimentando el déficit fiscal.
¿Cómo evalúa el presupuesto presentado por el gobierno para 2025 y sus perspectivas?
La situación fiscal actual del país es muy vulnerable. La desaceleración económica de los últimos años ha exacerbado los efectos del mal manejo fiscal durante el gobierno de Duque. Para el 2025, el gobierno nacional ha presentado un presupuesto de 523 billones de pesos, que ya ha sido objeto de sucesivos recortes, muchos de ellos responsables. Sin embargo, el gobierno sigue necesitando conseguir 12 billones de pesos adicionales a través de una reforma tributaria o una ley de financiamiento. El problema es que, debido a la crisis política que atraviesa el Ministerio de Hacienda, es muy probable que esta reforma no pase en el Congreso, ya que el tiempo para aprobarla se acorta y el ambiente político no es favorable. Si no se aprueba la reforma, el gobierno se verá obligado a ajustar aún más el presupuesto y congelar gastos, lo que sería costoso para el gobierno y para el país. La difícil situación fiscal obligaría al gobierno a adoptar una política fiscal procíclica, cuando lo que realmente se necesita es mantener el gasto público para evitar que la recuperación económica, que ya empieza a vislumbrarse, se vea frenada.
¿Qué alternativas tiene el gobierno para financiar el gasto social necesario y cómo ve las propuestas del gobierno en cuanto a la regla fiscal?
El modelo de país que buscamos, con una sociedad más justa y equitativa, requiere un gasto social que debe ser financiado. Por lo tanto, es fundamental que el presupuesto nacional pueda ser financiado adecuadamente. Una de las alternativas que ha planteado el gobierno es relajar la regla fiscal, lo que podría permitir mayor flexibilidad en el gasto. Sin embargo, esto tendría un costo significativo en términos de credibilidad internacional y podría aumentar el costo de financiamiento.
En mi opinión, lo que ha permitido que el gobierno actual sea bien visto por los organismos internacionales, incluso los más ortodoxos como el FMI, es precisamente el cumplimiento de la regla fiscal. Esto ha dado confianza en la estabilidad económica del país, a pesar de ser un gobierno de izquierda que se enfoca en lo social. Por lo tanto, si bien relajar la regla fiscal podría ser una opción, la realidad es que, a corto plazo, seguir cumpliéndola ha sido clave para la buena calificación que ha recibido Colombia a nivel internacional.