Con 124 votos a favor, la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) fue aprobada en su octavo y último debate en el Congreso de la República, marcando un paso en el proceso de redefinición y aumento de la distribución de recursos entre los territorios y la Nación. Esta reforma busca incrementar la participación de los territorios en el reparto de los recursos del Estado, pasando del actual 20% al 39,5%.
El proyecto tiene como objetivo priorizar el destino de los recursos hacia las zonas más desatendidas del país, promover la asociatividad territorial, y mejorar la eficiencia en la distribución de competencias entre los diferentes niveles de gobierno. Un aspecto clave de la reforma es la inclusión de los tres años de preescolar dentro de las áreas que recibirán financiación. Puede leer: Tira y jala por la reforma al Sistema General de Participaciones
Reacciones tras la aprobación de la reforma
El Dr. Dewin Pérez Fuentes, PhD en Ciencias Económicas, docente de la Universidad de Cartagena y catedrático de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), destacó la importancia de esta reforma en el contexto de las marcadas desigualdades y desequilibrios regionales que enfrenta Colombia. Según Pérez, el país necesita revisar críticamente el modelo actual de distribución de recursos debido a las grandes disparidades sociales entre las principales ciudades y las regiones periféricas.
“Por ejemplo, si observamos los indicadores de pobreza monetaria, vemos que en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la pobreza fue del 23,3% en 2023. Sin embargo, en ciudades periféricas como Quibdó, la tasa de pobreza supera el 60%, más del doble de la media. En las seis ciudades de la región Caribe, excluyendo Barranquilla, la tasa es del 42,5%, lo que representa una diferencia de 19 puntos en comparación con el promedio de las principales ciudades. Si el DANE proporcionara datos de otras capitales periféricas, las brechas serían aún mayores”, explicó Pérez. También puede leer: Congreso de la República avanza a octavo debate reforma del SGP
Por otro lado, el politólogo Carlos Arias, profesor de Comunicación Política en la Universidad Javeriana, expresó su preocupación sobre las implicaciones económicas de la reforma. Arias considera que la propuesta, aunque en principio busca reducir las desigualdades sociales, podría ser insostenible para las finanzas del país a largo plazo. “El ministro Cristo ha planteado una iniciativa que, aunque pretende aumentar los recursos para las regiones, podría ser peligrosa para la estabilidad económica de Colombia”, aseguró Arias.
El académico también subraya que muchos gobernadores y alcaldes no tienen una visión institucional de largo plazo, priorizando intereses políticos y personales sobre una gestión efectiva de los recursos. “En lugar de trabajar por el bienestar regional a mediano y largo plazo, los gobernantes se enfocan en mejorar su imagen pública y financiar sus campañas, lo que ha generado efectos temporales y no soluciones duraderas”, afirmó.
Por su parte, Pérez considera que el aumento en la distribución de los recursos (del 20% al 39,5%) representa una deuda histórica con las regiones, cuya solución fue planteada en la Constitución de 1991. “En los artículos 356 y 357 de la Constitución, se estipuló una meta del 46,5%, pero este porcentaje fue recortado en reformas posteriores, quedando actualmente en alrededor del 24%. Esta reforma está devolviendo a las regiones lo que se les debe”, explicó Pérez.
Pérez también resaltó la importancia de acompañar el aumento de recursos con un fortalecimiento institucional. “Romper las desigualdades regionales no solo implica una mayor distribución de los recursos, sino también una mejora en la capacidad técnica y en el capital humano de los entes de control, para garantizar que los recursos destinados a las regiones sean gestionados adecuadamente”, concluyó.
Próximos pasos: conciliación y definición final
La aprobación de la reforma en su octavo debate marca un avance en el proceso legislativo. No obstante, el proyecto aún debe pasar por la etapa de conciliación, donde se realizarán ajustes finales antes de su promulgación. Solo entonces podrá implementarse la nueva distribución de recursos y competencias que se proyecta como un paso hacia una mayor equidad entre los territorios del país.