La Administración distrital sostiene que el proyecto mediante el cual se pretende modificar el Acuerdo 147 del 2024, que busca ampliar la lista de iniciativas financiados mediante el crédito de $1,5 billones aprobado por el Concejo, responde a necesidades urgentes de infraestructura social y ambiental en Cartagena.
Durante la audiencia pública realizada el pasado miércoles 30 de octubre en el Concejo Distrital, la secretaria de Hacienda, María Camila Salas, aseguró que “las condiciones de crédito se mantendrán sin modificaciones, limitando así el cupo, mientras se amplían los objetivos de inversión”. Según Salas, la estrategia de mantener el monto es fiscalmente prudente, ya que los fondos solo se desembolsarán conforme avanza la ejecución de los proyectos, “lo cual protege las cuentas públicas de flujos ociosos”.
Este argumento fue respaldado por Milton Pereira, director de la Oficina Jurídica del Distrito. En una entrevista exclusiva para El Universal, Pereira explicó las sugerencias aportadas por el cabildo. “El Consejo sugirió inicialmente que los valores fueran taxativos, es decir, valores específicos para cada proyecto. Esto presenta una dificultad en la ejecución administrativa, ya que algunos proyectos pueden enfrentar mayores dificultades de ejecución que otros. Así, es conveniente que el alcalde tenga una lista flexible, no taxativa, que le permita priorizar ciertos proyectos según las necesidades del momento. Por ejemplo, si sé que un proyecto como la vía Perimetral puede enfrentarse a obstáculos políticos o de licenciamiento ambiental que impidan su avance en este gobierno, entonces, en lugar de enfocarnos en él, podemos priorizar otro proyecto, como la vivienda”, explicó Pereira. Puede leer también: Piden claridad sobre proyectos incluidos en crédito de $1,5 billones
El director de la Oficina Jurídica de la Alcaldía también explicó la razón por la cual el proyecto no incluyó valores específicos para cada iniciativa. “No se incluyeron valores específicos porque, en ocasiones, los costos iniciales de ciertos proyectos, como aquellos que se realizan llave en mano, pueden variar. Puede suceder que un proyecto presupuestado en 100 pesos termine costando 130 pesos. En estos casos, tener valores abiertos evita la necesidad de modificar constantemente los montos ante el Concejo cada vez que surja una diferencia en el costo estimado”. Lea también: Concejo de Cartagena debate inversión para la Transversal Barú
Por su parte, la Fundación Cívico Pro-Cartagena (Funcicar) realizó una sugerencia sobre la modificación del proyecto de acuerdo, indicando que es necesario conocer cómo se distribuirá el dinero con los nuevos proyectos añadidos. “Funcicar tiene presente que legalmente no es obligatorio contar con proyectos de obra detallados para iniciativas de crédito público; sin embargo, en este proyecto que modifica el crédito público adicionando cinco nuevas inversiones, instamos al Concejo de Cartagena a tener en cuenta factores como la existencia de estudios que demuestren la pertinencia de las obras, su conveniencia técnica e impacto económico, así como el impacto que tendrá esta adición sobre los proyectos inicialmente establecidos”, señalaron desde Funcicar.
En ese sentido, Funcicar mostró su postura y dejó claras las sugerencias que realiza al Distrito. “El Acuerdo de Crédito Público establece inicialmente que se financiarán ocho inversiones cuya suma total asciende a $1.5 billones. Al adicionar cinco nuevos proyectos, la Administración no indica cómo se impactarían las inversiones iniciales. El proyecto no aclara si se mantienen los presupuestos originalmente establecidos o si disminuyen, ni justifica cómo se afectaría el alcance de lo inicialmente aprobado”.
Por su parte, Pereira afirmó que el proyecto cumple con la normativa legal y sugirió a los cabildantes considerar la conveniencia administrativa. “No es un tema jurídico, ya que el proyecto de acuerdo cumple con la legalidad y las formalidades requeridas. Es más bien un tema de conveniencia administrativa, ya que lo que se busca es tener una lista que permita adaptabilidad en la ejecución de proyectos. Jurídicamente, recomiendo que los valores queden abiertos para no tener que acudir al Concejo cada vez que surja una dificultad en algún proyecto y sea necesario ajustar el monto. Si el crédito está aprobado, solo se requiere una modificación de los acuerdos”, concluyó Pereira.