La exsenadora Piedad Zuccardi, acusada por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia, pidió hace más de tres años que incluyeran su caso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el proceso, Zuccardi estaba siendo acusada por la justicia ordinaria como presunta autora de concierto para delinquir agravado, por aparentemente apoyar y favorecer la expansión de grupos paramilitares en Bolívar.
En su momento, Zuccardi fue acusada de tener vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María, Bloque Norte y Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bolívar en 1997.
Hoy, 18 de septiembre del 2024, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP informó que ordenó que los procesos que llevaba de la exsenadora fueran regresados a la Corte Suprema de Justicia. La sala rechazó el sometimiento de la exsenadora porque, al parecer, los aportes presentados por Zuccardi no son admisibles para la Jurisdicción.
Entre los acontecimientos que recalca la sala, “está el incumplimiento en los aportes de manera detallada, clara y concreta sobre los hechos que se dieron con el paramilitarismo en El Caribe”. Lea también: Exsenadora Piedad Zuccardi pide entrar a la JEP
En medio de las razones que da la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se menciona que en octubre del 2013, Zuccardi, ante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que, para facilitar la entrada de Salvatore Mancuso en el sur de Bolívar, junto a su grupo político, buscaban apoyar el trabajo político de los paramilitares conocidos como ‘Ernesto Báez’ y ‘Diego Vecino’.
“Entre las afirmaciones presentadas a la JEP, la exsenadora negó su participación en reuniones con miembros de las AUC, argumentando que uno de estos encuentros con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso lo hizo en calidad de senadora, integrante de la Comisión Accidental de Paz del Congreso. Además, Zuccardi subrayó que no promovió el paramilitarismo en Bolívar, alegando su inocencia respecto a posibles acuerdos con los grupos paramilitares”, informó la JEP.
En la misma línea, la exsenadora alegó ante la jurisdicción que las reuniones que tuvo con los grupos paramilitares fueron en condición “estrictamente institucional”, argumentando que los testimonios que hicieron parte del proceso penal por la Corte Suprema de Justicia fueron “inducidos”.
“Ante esto, la SDSJ de la JEP afirma que en distintos procesos la justicia ordinaria obtuvo pruebas que al parecer comprometen a la exsenadora Piedad Zuccardi por su posible contribución y fortalecimiento de los grupos al margen de la ley en el Caribe. La sala subraya que algunas de las justificaciones presentadas por Zuccardi son ‘impertinentes’”, añadió.
Asimismo, la Sala sostiene que, ante el estándar de verdad de la Sección de Apelación de la JEP, encontraron que los aportes de la exsenadora “no son aptos para aceptar el sometimiento en la jurisdicción como compareciente voluntaria”. Por el contrario, la SDSJ concluye: “Resulta evidente que la señora Piedad Zuccardi concertó con miembros pertenecientes a grupos de autodefensas acciones que perseguían un beneficio mutuo e ilegal”.