En el marco de las políticas públicas de igualdad de género y con el objetivo de monitorear el cumplimiento de la paridad en cargos oficiales, la Función Pública ha implementado un nuevo aplicativo para que todas las entidades del Estado reporten el número de mujeres que ocupan cargos de decisión.
Este requerimiento busca garantizar que el 50% de los puestos directivos en el sector público sean ocupados por mujeres, tal como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Siga leyendo: Procuradora Cabello hace llamado a gobernadores por paridad en administraciones
Las entidades estatales deberán entregar esta información antes del 11 de octubre de 2024, a través de un enlace virtual habilitado por la Función Pública (https://acortar.link/tTYLS0). El reporte es parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por promover una administración más equitativa, inclusiva y representativa de la diversidad de género en el país.
El director de la Función Pública, César Augusto Manrique, subrayó la importancia de esta iniciativa al destacar que “es crucial que las entidades públicas reporten su progreso en este tema, ya que permitirá monitorear el avance en equidad de género y fomentar una administración pública más representativa”.
Avances en equidad de género: compromiso estatal
Este esfuerzo está alineado con la Ley 581 de 2000, que establece la participación de mujeres en el sector estatal. Manrique también mencionó que las entidades que no cumplan con el plazo para el reporte enfrentarán medidas disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Además de la cuota de género en los cargos directivos, la Función Pública destacó que el Plan Nacional de Desarrollo contempla la paridad de género como un estándar mínimo, pero no como un límite. Se espera que tanto las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Estado cumplan con estos parámetros, considerando también las particularidades territoriales e interseccionales, lo que refuerza la idea de una representación inclusiva a lo largo del país.
La medida impulsada por la Función Pública responde a la necesidad de crear un sector público más diverso e inclusivo, donde las mujeres tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones. Esta política no solo fortalece la igualdad de oportunidades, sino que también contribuye a una administración pública más participativa y justa.
Además, con este monitoreo de cuotas, se espera generar un impacto positivo en otras áreas, como la participación política, la representación en el sector privado y la creación de políticas públicas que promuevan la inclusión y la equidad de género en todos los niveles del país.
Penalizaciones y consecuencias para entidades incumplidas
Función Pública recordó a todas las entidades del Estado que aquellas que no cumplan con la entrega de los datos requeridos enfrentarán sanciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 581 de 2000. Este marco legal busca que las entidades públicas promuevan activamente la participación de las mujeres en los altos cargos, un tema que ha cobrado relevancia en la política nacional y en las discusiones sobre igualdad de género.
¿Qué representa esta medida para el país?
La implementación de esta herramienta de monitoreo busca corregir el desequilibrio histórico en la representación de las mujeres en altos cargos dentro del sector público. Según cifras recientes, a pesar de los avances, las mujeres continúan enfrentando barreras estructurales para acceder a puestos de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como privado. Con esta nueva exigencia, el Gobierno de Colombia reafirma su compromiso de cerrar esa brecha y de crear un entorno donde la equidad de género no solo sea un objetivo, sino una realidad palpable.
Esta acción se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el ODS 5, que aboga por la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. El cumplimiento de estos objetivos es esencial para garantizar un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional e internacional.
Acciones futuras y monitoreo
A medida que las entidades reporten su cuota de mujeres en cargos directivos, la Función Pública podrá generar informes que reflejen el avance del país en términos de equidad de género. Estos informes serán fundamentales para la creación de nuevas políticas que fortalezcan el papel de la mujer en el sector público y privado, así como para corregir posibles deficiencias en el proceso.
Con el respaldo de la Procuraduría y la supervisión constante de la Función Pública, se espera que esta iniciativa logre un impacto profundo y duradero en la administración pública del país, garantizando que el liderazgo femenino continúe en aumento en los próximos años.