La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos contra Rubén Darío Acevedo Carmona, exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica (2019-2022), y Martha Giovanna Pérez Zapata, exdirectora para la Construcción de la Memoria (2019), por presuntas irregularidades en la firma de dos convenios destinados a documentar hechos de relevancia nacional.
Según el ente de control, los convenios fueron suscritos directamente con instituciones universitarias sin ánimo de lucro, lo cual habría vulnerado las normativas vigentes, que exigen un proceso competitivo que garantice la participación de múltiples oferentes. Lea además: Procuraduría formuló cargos contra exsubdirector de Cardique
Convenios cuestionados
El primer convenio, firmado con la Universidad Autónoma de Occidente, tenía un presupuesto de 110 millones de pesos y buscaba documentar el secuestro masivo de 194 personas en la iglesia La María de Cali, ocurrido el 30 de mayo de 1999. El segundo convenio, valorado en 98 millones de pesos, fue suscrito con la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium para difundir la vida y obra de monseñor Isaías Duarte Cancino, asesinado en marzo de 2002.
Irregularidades en la contratación
El decreto 92 de 2017, que regula la contratación con entidades sin ánimo de lucro, estipula que se debe realizar un proceso competitivo. Sin embargo, los exfuncionarios aplicaron una modalidad de contratación directa, argumentando que el decreto estaba suspendido parcialmente por el Consejo de Estado. La Procuraduría aclaró que, aunque algunos puntos del decreto habían sido suspendidos, el artículo que regula los convenios seguía vigente en el momento de la firma.
La Procuraduría calificó los hechos como falta gravísima. En el caso de Acevedo Carmona, se le acusa de haber actuado con culpa gravísima, mientras que a Pérez Zapata se le atribuye dolo en su conducta.
Este caso resalta la importancia de la transparencia y la correcta aplicación de las normativas en los procesos de contratación pública. Las sanciones podrían incluir inhabilitación para ejercer cargos públicos si se comprueba la responsabilidad de los exfuncionarios en estas irregularidades.
El proceso sigue en curso, mientras se determina la responsabilidad final de los implicados.