El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar a un candidato al concejo municipal que, a través de un video en sus redes sociales, lanzó amenazas de muerte contra el mandatario.
En el polémico video, el individuo aseguró que “va a correr sangre” y que al primer mandatario “hay que aplicarle simplemente el derecho al tiranicidio”, lo que generó una fuerte reacción en distintos sectores del país.
La denuncia de Petro pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad del presidente, en medio de un clima de tensión política que ha visto un aumento en las amenazas contra figuras públicas. La solicitud de Petro a la Fiscalía busca que se tomen medidas inmediatas para investigar y procesar al autor de las amenazas, quien además es aspirante a un cargo público.
El video en cuestión, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al candidato al concejo emitiendo declaraciones violentas y directas contra el presidente Petro. En sus palabras, el hombre señaló que “va a correr sangre” y que el presidente “debe ser ejecutado en plaza pública”. Además, mencionó lo que él llamó “derecho al tiranicidio”, justificando la violencia como una medida contra lo que calificó como tiranía.
Este tipo de discursos incendiarios han encendido alarmas no solo en el entorno cercano del presidente, sino también en la sociedad colombiana en general, donde se teme que la violencia política pueda escalar aún más. La referencia al “tiranicidio”, un concepto históricamente asociado a la justificación de la violencia contra mandatarios considerados tiranos, ha sido condenada por varios sectores como una incitación directa a la violencia.
Respuesta de Gustavo Petro
Tras conocer el video, el presidente Petro se pronunció rápidamente y elevó la denuncia ante la Fiscalía. A través de sus redes sociales, el mandatario hizo un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen a fondo el caso y se garantice su seguridad. “Solicito a la Fiscalía que investigue estas amenazas de muerte en mi contra. No podemos permitir que el discurso de odio siga creciendo y que quienes incitan a la violencia queden impunes”, afirmó Petro en su mensaje.
La solicitud del presidente refleja su preocupación por las amenazas que ha recibido desde que asumió el cargo, aunque esta es una de las más graves por su naturaleza pública y directa. Petro ha reiterado en varias ocasiones la importancia de combatir la violencia política en Colombia, y este incidente ha reavivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión cuando se cruza hacia la incitación al odio y a la violencia.
El video y las amenazas emitidas contra el presidente han generado una oleada de reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Mientras algunos sectores han condenado enérgicamente las declaraciones del candidato al concejo, otros han expresado su preocupación por el creciente clima de polarización en el país.
Distintas figuras políticas se pronunciaron a favor de la denuncia de Petro, argumentando que el discurso violento no tiene cabida en la democracia y que debe ser combatido con todo el peso de la ley. “Las amenazas contra el presidente o cualquier figura pública no pueden ser tomadas a la ligera. Debemos construir un país donde las diferencias políticas se resuelvan con diálogo, no con violencia”, expresó un senador cercano al Gobierno.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos también se han sumado al rechazo generalizado, pidiendo que se tomen medidas para frenar el aumento del discurso de odio en redes sociales y en la arena política. La incitación a la violencia, según muchos de estos colectivos, debe ser sancionada de manera ejemplar para evitar que se siga normalizando este tipo de actitudes.
Investigación de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación ya ha iniciado una investigación preliminar tras la denuncia presentada por el presidente Petro. Según fuentes cercanas al proceso, se está analizando el contenido del video y la identidad del candidato al concejo, así como su historial de declaraciones en redes sociales, para determinar si existen más elementos que sugieran una amenaza seria contra la vida del mandatario.
De ser encontrado culpable, el autor de las amenazas podría enfrentar cargos por incitación a la violencia y amenazas de muerte, delitos que en Colombia son castigados con penas severas. Este caso servirá como un precedente importante sobre cómo se deben manejar las amenazas en contra de figuras públicas en el país.
Este incidente también ha reabierto el debate sobre el uso de las redes sociales como plataforma para la difusión de discursos de odio y amenazas. Aunque las redes han sido fundamentales para la libre expresión en la era moderna, también han facilitado la propagación de mensajes violentos, como se evidencia en este caso.
Algunos analistas han señalado la necesidad de una mayor regulación y control sobre los contenidos que incitan a la violencia en redes sociales, sugiriendo que plataformas como X y Facebook deben ser más proactivas a la hora de identificar y eliminar este tipo de publicaciones.
Un clima de polarización creciente
Colombia atraviesa un periodo de profunda polarización política, con tensiones que han escalado en los últimos años. Las amenazas contra el presidente Petro no son un hecho aislado, sino parte de un fenómeno más amplio que ha afectado a varias figuras públicas. La denuncia de Petro es vista por muchos como una medida necesaria para poner freno a la violencia política, que ha cobrado la vida de numerosos líderes en la historia reciente del país.