La Procuraduría General de la Nación falló en primera instancia la investigación disciplinaria que adelantaba contra el exalcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, y varios exfuncionarios del Distrito por irregularidades en la licitación pública No. LP-008-2022, cuyo objeto era la contratación de un operador para la gestión y mantenimiento de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el distrito.
Como resultado, la entidad impuso sanciones de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos a los involucrados. Le puede interesar: Corte Suprema condena a excongresista César Pérez por asesinato de alcalde
El fallo disciplinario recae sobre el exalcalde Bermúdez Cotes; el exsecretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Keider Agustín Freyle Sarmiento; el exdirector de Contratación, Ronald Neil Pérez Ojeda; y el extesorero general de Riohacha, Edén Eli Moscote Roys. Todos ellos fueron investigados por su participación en la etapa precontractual de la mencionada licitación, cuyo propósito era adjudicar un contrato para la operación, financiación, rehabilitación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en el distrito de Riohacha.
Las irregularidades en la licitación
El Ministerio Público encontró que en el contrato de operación No. 268-1 de 2023, celebrado con Aqualia S.A.S. E.S.P., el Distrito no definió de manera adecuada y detallada la infraestructura y bienes a revertir de la concesión anterior. Tampoco se especificó el plan de obras a realizar ni se incluyó la prestación del servicio en las áreas rurales, lo que habría dejado fuera la obligación de garantizar acueducto y alcantarillado en esas zonas, una de las principales falencias señaladas en la investigación.
Asimismo, el comité evaluador, compuesto por Freyle, Pérez y Moscote, fue señalado por permitir que el oferente Promesa de Sociedad Futura Aqualia Riohacha subsanara un requisito de la rentabilidad del activo, parte de la capacidad organizacional exigida, mediante una regla de subsanación que no estaba contemplada en el pliego de condiciones definitivo. Esta acción vulneró los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación estatal, generando dudas sobre la selección objetiva del contratista.
Sanciones impuestas
Como resultado de las irregularidades halladas, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 impuso sanciones a los implicados. Al exalcalde José Ramiro Bermúdez Cotes se le declaró responsable disciplinariamente y se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un período de doce (12) años. La misma suerte corrieron otros tres exfuncionarios del Distrito de Riohacha.
Keider Agustín Freyle Sarmiento, quien ocupaba el cargo de secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, fue sancionado con destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por un período de diez (10) años. Por su parte, Ronald Neil Pérez Ojeda, exdirector de Contratación, recibió una sanción similar de destitución e inhabilidad por diez (10) años.
Finalmente, Edén Eli Moscote Roys, extesorero general de Riohacha, también fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por un término de nueve (9) años. Las sanciones buscan garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad en la contratación pública y establecer consecuencias claras por las fallas detectadas en el proceso de licitación.
Consecuencias del fallo
Este fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación evidencia la falta de control en la gestión de los servicios públicos en Riohacha y pone de manifiesto los problemas relacionados con la gestión de infraestructura vital como el acueducto y alcantarillado. Las sanciones son un mensaje claro del Ministerio Público sobre la necesidad de reforzar la transparencia y la selección objetiva en los procesos de contratación pública.
Los implicados tienen la opción de apelar esta decisión, pero por el momento, las sanciones se mantienen vigentes. Este caso se suma a una serie de investigaciones y fallos que ponen en evidencia las irregularidades en la administración de los recursos públicos en varias regiones del país.