La Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó este lunes al excongresista César Augusto Pérez García a 279 meses de prisión, encontrándolo culpable como determinador del asesinato de Elkin de Jesús Martínez Álvarez, quien había sido electo alcalde del municipio de Remedios, Antioquia, en 1988.
Además de la pena privativa de la libertad, Pérez García fue sancionado con la interdicción de derechos y funciones públicas por un periodo de 10 años, lo que le impedirá ejercer cualquier cargo público en el futuro.
El fallo judicial también niega al excongresista la posibilidad de acceder a una condena de ejecución condicional o prisión domiciliaria, lo que implica que deberá cumplir la pena en un centro penitenciario una vez la sentencia sea confirmada y se emita la orden de captura correspondiente. Lea también: Petro denuncia presunto golpe de estado: Debate sobre pliego de cargos
Los hechos que condujeron a esta condena están relacionados con la violencia política que sacudió el nordeste antioqueño a finales de la década de 1980. Según la investigación, Pérez García, quien por entonces había perdido influencia en municipios como Segovia y Remedios debido al crecimiento del movimiento político Unión Patriótica, buscó mantener su poder recurriendo a grupos paramilitares.
El excongresista estableció contacto con los líderes paramilitares Fidel Castaño y Henry de Jesús Pérez, quienes dirigían el grupo armado ilegal “Muerte a Revolucionarios del Nordeste”. A través de ellos, Pérez García solicitó la expulsión de sus adversarios políticos de la región, acción que se llevó a cabo mediante amenazas de muerte y actos violentos.
El 16 de mayo de 1988, Elkin de Jesús Martínez Álvarez fue asesinado mientras esperaba un taxi en la puerta de un hotel en Medellín. Según la Corte, el asesinato fue perpetrado por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias Vladimir, bajo órdenes de los líderes paramilitares, quienes actuaron a instancias de Pérez García.
La sentencia contra el excongresista se convierte en un nuevo capítulo en la lucha por la justicia para las víctimas de la violencia política en Colombia, destacando la responsabilidad de actores políticos en crímenes cometidos durante uno de los periodos más oscuros de la historia reciente del país.