El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para una jornada clave este jueves 29 de agosto, cuando la Sala Plena analice el proceso contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
La ponencia a estudiar fue la presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Ambos magistrados han propuesto formular cargos contra Petro y Roa.
Maritza Martínez, presidenta del CNE, dijo que la investigación se ha centrado en una posible violación de los topes de campaña. “Habíamos encontrado que la Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Acusaciones, solicitó el expediente por considerarlo de su competencia”, explicó la magistrada. Lea: Petro pide al Banco de la República financiar dinero para indemnizar a víctimas
Entre los elementos que los magistrados Prada y Ortiz han investigado, destacan una supuesta donación de Fecode, la participación de la Unión Sindical Obrera (USO) y los pagos realizados a testigos electorales. Además, se ha añadido la versión proporcionada por la empresa de criptomonedas Daily Cop, lo que ha incrementado la complejidad del caso.
Martínez también señaló que uno de los escenarios posibles para la sesión de mañana es la votación de la ponencia. “Claro que podría haberla”, afirmó, pero también advirtió que esto dependerá del desarrollo y las posturas que adopten los magistrados durante la discusión.
La presidenta del CNE manifestó que la decisión de avanzar o no en la formulación de cargos podría definirse en la sesión de mañana. “El asunto está ya en el orden del día de la Sala Plena de mañana, y ahí veremos qué tanto se avanza en el estudio, análisis y votación de este asunto”, puntualizó. Lea también: ¿Cuál es la nueva polémica en la que está envuelto el hermano de Gustavo Petro?
Es importante anotar que, el Consejo de Estado resolvió que el CNE tiene la competencia para continuar con esta investigación, por lo que la Sala Plena retomará el asunto.
El pronunciamiento del Consejo de Estado señaló que el CNE está plenamente autorizado para continuar con su investigación administrativa y, en caso de encontrar irregularidades, imponer sanciones administrativas pertinentes. Sin embargo, dejó claro que el CNE no tiene la capacidad para aplicar sanciones que impliquen la pérdida de investidura o la destitución de cargos.
El entorno presidencial expresó su preocupación ante esta propuesta, dado que la Constitución establece que cualquier investigación que implique la posibilidad de destitución del presidente debe ser llevada a cabo por la Comisión de Acusación del Congreso. No obstante, el fallo del Consejo de Estado refuerza la autonomía del CNE para gestionar las investigaciones administrativas sobre financiación de campañas.