Esta mañana, el Gobierno Nacional, liderado por los ministros de Agricultura, Justicia e Interior, radicó en el Senado de la República el proyecto de Ley Ordinaria de Jurisdicción Agraria, una de las grandes apuestas del presidente Gustavo Petro en la actual legislatura.
Aunque el proyecto busca resolver conflictos de tierras mediante jueces especializados y es visto como un esfuerzo por saldar una deuda histórica con los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes, ha generado una fuerte controversia entre los congresistas de la oposición. Lea aquí: La Ley de jurisdicción agraria fue radicada en el Senado: así va el proyecto
Críticas por posibles efectos negativos en el campo
Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático, se pronunció enérgicamente en contra de la propuesta, calificándola como “muy grave” y advirtiendo que podría “poner en riesgo la seguridad jurídica en Colombia”. Valencia señaló que el proyecto podría legalizar la invasión de tierras y revivir la expropiación exprés, lo que generaría una inseguridad significativa para los propietarios rurales.
Según Valencia, el proyecto establece el “principio de permanencia agraria”, que permitiría a los invasores de tierras permanecer en los predios si realizan alguna actividad productiva, debilitando así los derechos de los legítimos propietarios. Además, afirmó que el proyecto revive la expropiación exprés, una medida previamente declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, y que ahora permitiría a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) resolver estos casos mediante actos administrativos, sin intervención judicial.
Impacto en el sector Minero-Energético y la inversión rural
Otro de los puntos críticos señalados por Valencia es el impacto que esta ley podría tener en el sector minero-energético, ya que el proyecto propone que todas las controversias relacionadas con la producción de alimentos, productos agrarios y recursos naturales no renovables, como carbón y petróleo, sean resueltas por la jurisdicción agraria, a pesar de que ya existen jueces especializados en estos temas. Este cambio, según la senadora, podría traer graves consecuencias para el futuro de la inversión en el país.
Además, según Valencia, la ley relegaría el Código Civil y el Código de Comercio en favor de un derecho agrario que actualmente carece de reglas claras, lo que generaría aún más incertidumbre. Se presume que el gobierno está preparando un nuevo Código Agrario, según indicaciones de magistrados de la Corte Suprema.
Expropiación exprés y la seguridad jurídica
Katherine Miranda, del Partido Verde, también expresó sus preocupaciones sobre el proyecto. En una serie de mensajes en redes sociales, Miranda denunció que el proyecto incluye la posibilidad de expropiación exprés, especialmente preocupante dado que la ANT, una entidad administrativa, sería la encargada de decidir sobre estos casos en lugar de un juez de la República. “Van a radicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural, con la finalidad de proveer jueces especializados en este tema, pero quien decide es la ANT cuando debería ser un juez de la República”, criticó Miranda.
La congresista también cuestionó la falta de consulta previa para el proyecto y la concesión de facultades extraordinarias al Presidente para realizar consultas posteriores, lo que calificó como “a todas luces inconstitucional”.
El proyecto, según indicó el presidente de la Comisión Primera del Senado, Ariel Ávila, sostuvo que se podrá iniciar su discusión a mediados de septiembre próximo.