La Corte Constitucional ha ratificado la vigencia de una inhabilidad esencial que afecta a los candidatos a la Cámara de Representantes, impidiendo que aquellos con familiares en cargos de poder, como gobernadores o alcaldes, puedan postularse.
Esta normativa está diseñada para evitar que los candidatos obtengan ventajas indebidas gracias a la influencia de sus parientes en posiciones de autoridad, y ha sido confirmada como plenamente válida y aplicable. Lea aquí: La elección de nueva defensora sería un golpe político a Gustavo Petro
Este fallo tiene consecuencias notables para varios políticos influyentes, incluyendo al saliente presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Calle se vería inhabilitado para postularse nuevamente a la Cámara en las elecciones de 2026 debido a que su padre, Gabriel Calle, es alcalde de Montelíbano, Córdoba. Esta prohibición también afectaría al representante Diego Patiño, cuyo hijo, Juan Diego Patiño, ocupa el cargo de gobernador de Risaralda. En ambos casos, la normativa busca asegurar que no se utilice la influencia familiar para obtener una ventaja electoral, garantizando así la equidad en el proceso democrático.
Sin embargo, la inhabilidad no se aplica al Senado, dado que este es un cargo de circunscripción nacional. Esto significa que tanto Calle como Patiño podrían optar por una candidatura al Senado en lugar de la Cámara, eludiendo así las restricciones impuestas por la inhabilidad. Esta situación podría motivar a otros políticos en condiciones similares a considerar un cambio estratégico en su trayectoria política.
Víctor Tovar Jaramillo: el caso concreto
La Corte Constitucional ratificó la anulación de la elección de Víctor Andrés Tovar Trujillo como representante a la Cámara por el departamento del Huila. La decisión se basó en una inhabilidad por parentesco, ya que la madre de Tovar ejercía como alcaldesa de Tarqui, Huila, un año antes de su elección, lo que creó un vínculo prohibido por la ley electoral.
A pesar de que Tovar argumentó que su madre estaba en licencia no remunerada durante ese período, la Corte concluyó que este hecho no eliminaba la inhabilidad. Además, la Corte destacó que no era relevante el impacto del electorado de Tarqui en la votación total de Tovar; lo que importaba era la configuración de la inhabilidad.
Tovar había interpuesto una tutela alegando vulneración de sus derechos al debido proceso y a ser elegido, pero la Corte Constitucional determinó que el proceso fue llevado a cabo conforme a la ley y sin errores en la consideración de los hechos, por lo que mantuvo la anulación de su elección.
La Corte Constitucional detalló que “la autoridad judicial demandada no incurrió en un defecto fáctico por no tener en cuenta la incidencia en la votación total que podía tener el electorado de Tarqui (Huila) en relación con la votación que obtuvo el señor Víctor Andrés Tovar Trujillo. En el proceso de nulidad electoral bastaba con demostrar que se cumplieron los elementos que configuran la respectiva inhabilidad sin que hubiera lugar a razonamientos adicionales por parte del juez”.