La Corte Constitucional de Colombia ha aceptado hoy la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, en contra de la reforma pensional promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta decisión marca un hito importante en el debate sobre la viabilidad y la constitucionalidad de una de las reformas más controvertidas del actual gobierno. La demanda presentada por Valencia se fundamenta en varios aspectos de trámite legislativo y en cuestiones de constitucionalidad que, según la senadora, comprometen la legalidad y equidad del proceso. Siga leyendo: Los 3 nuevos proyectos de Reformas que llegan esta semana al Congreso
Entre los principales puntos que sustentan la demanda se destacan: la elusión del debate en la Cámara de Representantes. Valencia argumentó que la Cámara adoptó el texto aprobado por el Senado sin llevar a cabo un debate adecuado, omitiendo la deliberación y explicación de los ponentes sobre las diferencias entre las ponencias del segundo debate. Este procedimiento, según la demanda, violaría los principios de transparencia y participación legislativa.
También se acusa al presidente de la Cámara de haber decretado la “suficiente ilustración” sin cumplir con el tiempo reglamentario necesario, lo que habría impedido la discusión de 700 proposiciones que se habían radicado previamente. Esto, según Valencia, habría restringido el debate y la participación de los congresistas.
Uno de los puntos más polémicos es la inclusión de un régimen pensional especial para pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinos, a pesar de una prohibición expresa en la Constitución. Este régimen permitiría al gobierno definir discrecionalmente las condiciones de jubilación de un 41% de la población, lo que, según Valencia, vulneraría los principios de igualdad y no discriminación.
La demanda también solicita que la Corte declare la constitucionalidad condicionada del impuesto a las pensiones, bajo el entendido de que solo deben gravarse las pensiones que excedan los 1.000 UVT mensuales, en lugar de anuales, un tema que la Cámara había intentado corregir, pero que quedó sin resolución clara tras la adopción del texto del Senado.
La senadora Paloma Valencia, quien ha sido una fuerte crítica de la reforma pensional del gobierno Petro, tomó la decisión de la Corte de admitir su demanda. Según Valencia, esta reforma no solo presenta problemas graves de trámite, sino que también deja una “deuda impagable” para los jóvenes colombianos, comprometiendo el futuro financiero del país.
“Esta es una victoria para la democracia y para todos los colombianos que merecen un debate transparente y justo sobre las decisiones que afectarán sus vidas y sus futuros”, expresó Valencia en un comunicado. “Seguiremos luchando para que esta reforma, que es perjudicial para el país, sea revisada y corregida”. Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional ahora deberá evaluar los argumentos presentados y decidir sobre la constitucionalidad de la reforma pensional. Este proceso será seguido de cerca por todas las partes involucradas, ya que el fallo de la Corte podría tener profundas implicaciones para el sistema pensional y la política social en Colombia.