La Fiscalía General de la Nación ha formulado imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá contra el exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, en relación con presuntas irregularidades en el direccionamiento de contratos a favor de quienes habrían sido aportantes a su campaña electoral.
En particular, el ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cabe resaltar que Aguilar Hurtado no aceptó ninguno de los cargos imputados. Lea también: Pliego de cargos contra el exgobernador Mauricio Aguilar
El caso se centra en la firma de dos convenios interadministrativos entre la Gobernación de Santander y el canal público de televisión regional, Televisión Regional del Oriente (TRO). Según la investigación, estos contratos, suscritos el 11 de septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021, tenían un valor total de 8.593 millones de pesos y estaban destinados al posicionamiento de la imagen institucional del gobierno departamental bajo la campaña “Siempre Santander”.
Sin embargo, la Fiscalía señala que en la celebración de estos contratos se habrían presentado diversas anomalías. Entre ellas, destaca la supuesta falta de necesidad real para la contratación, ya que la iniciativa habría surgido directamente del canal de televisión, sin que se realizaran estudios de mercado adecuados para determinar los costos de las cuñas, piezas y espacios publicitarios requeridos. Además, se critica la ausencia de un plan de medios y la falta de claridad en cuanto al impacto que se esperaba alcanzar con la difusión de la campaña.
Otra de las irregularidades mencionadas es la omisión de la publicación del proceso contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), un requisito fundamental para garantizar la transparencia en la contratación estatal. Asimismo, la Fiscalía cuestiona que no se verificó la idoneidad ni la experiencia del canal TRO para ejecutar el contrato, lo cual era esencial para asegurar que los recursos públicos se utilizaran de manera eficiente.
Adicionalmente, se ha señalado que, en el momento de los hechos, la Gobernación de Santander contaba con un equipo de profesionales en distintas disciplinas comunicativas, periodistas y plataformas digitales propias, como su página web y redes sociales, que podrían haber ejecutado la difusión institucional sin necesidad de recurrir a terceros. Las investigaciones apuntan a que estas irregularidades habrían generado un detrimento patrimonial para el departamento que asciende a 3.644 millones de pesos.
La Fiscalía continúa con el proceso judicial para determinar la responsabilidad del exgobernador Aguilar Hurtado en estos hechos y para asegurar que se haga justicia en caso de confirmarse las irregularidades detectadas.