El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, ha generado un nuevo reto para la actual Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al abrir un incidente de desacato en su contra.
La situación se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Gerson Jadir Cifuentes Cano, quien sostiene que el Ministerio no ha cumplido con una orden judicial que protegía sus derechos fundamentales y exigía el pago de salarios, primas y otras prestaciones que se le adeudaban.
El conflicto legal se remonta al Fallo de Tutela 070, emitido el 19 de julio de 2024, en el cual se ordenaba al Ministerio del Trabajo a cancelar las obligaciones pendientes con Cifuentes Cano en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, según lo alegado, dicho plazo no fue respetado, lo que motivó la apertura de un incidente de desacato contra la Ministra. Lea aquí: Corte ordena rehacer trámite de proyecto de Ley sobre suplantación de identidad
La jueza Yenith Estella Ramírez, a cargo del caso, expresó en su decisión la necesidad de tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de la sentencia emitida. “Ante el desacato a la orden judicial dada por este Despacho, se ordena el cumplimiento inmediato de la orden emitida en Sentencia, sin dilaciones que continúen violentando los derechos fundamentales del actor”, señaló la jueza en su pronunciamiento.
El incidente de desacato se encuentra actualmente en etapa probatoria, donde se ha ordenado la recolección de pruebas tanto por parte del demandante, Cifuentes Cano, como de oficio por el juzgado. Además, se le ha solicitado a la Ministra Ramírez que informe si ya se han realizado los pagos ordenados por el fallo.
La Ministra tiene un plazo de cinco días para cumplir con la sentencia y asegurar el respeto a los derechos fundamentales de Cifuentes Cano. De no hacerlo, el juzgado podría tomar medidas más drásticas, que podrían incluir sanciones significativas por el incumplimiento. Este incidente pone de manifiesto la importancia de acatar las órdenes judiciales, especialmente cuando se trata de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.