Una Acción Popular fue instaurada buscando anular los esquemas de seguridad asignados a los 45 concejales de Bogotá, argumentando la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.
Según el documento, el Distrito gasta más de 8 mil millones de pesos en el alquiler de estos esquemas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lea aquí: Director de la UNP confirmó que disidentes no debían movilizarse en esas camionetas
La Acción Popular, presentada por Camilo Araque Blanco, resalta que estos esquemas de seguridad terminan realizando tareas ajenas a la protección de personas en riesgo. “Los esquemas realizan labores ajenas a la seguridad, como servicios de chofer, llevar a los hijos de los protegidos al colegio y universidad, llevarlos al mercado, a fiestas, reuniones sociales, incluyendo los fines de semana, hacer favores personales de sus cercanos, etc.,” se lee en el documento.
Cabe resaltar que, en el Concejo de Bogotá, los únicos concejales que han rechazado estos esquemas de seguridad son Daniel Briceño y Julián Triana.