El presidente Gustavo Petro ha propuesto, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la posibilidad de tramitar las reformas necesarias para implementar el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc a través del ‘fast track’.
Esta medida, que busca agilizar el proceso legislativo reduciendo los debates de ocho a cuatro, ha generado una fuerte reacción en el Congreso y entre varios sectores políticos. Lea aquí: Petro pide 7 años más en la ONU para aplicar acuerdos de paz y pidió apoyo
La propuesta del presidente Petro ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de diversos actores políticos. El representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, fue enfático al afirmar que no permitirán que se implemente un mecanismo que, según él, busca imponer reformas de manera antidemocrática. En su opinión, el ‘fast track’ se utilizó anteriormente para un acuerdo que considera ilegítimo y no ve razón para repetirlo.
El ‘fast track’ es un procedimiento legislativo acelerado utilizado para tramitar reformas y leyes de manera más rápida de lo habitual. En el contexto colombiano, se implementó por primera vez para aprobar las reformas necesarias para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y la extinta guerrilla de las Farc.
El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, sostuvo que no es necesario recurrir al ‘fast track’ para implementar el acuerdo de paz, sino que se requiere voluntad política y una mejor ejecución presupuestal. Motoa considera que las fallas en la implementación del acuerdo no son normativas, sino políticas. Daniel Palacio, exministro y analista, criticó la propuesta como un intento desesperado del Gobierno por cambiar las reglas de juego, similar a la reciente propuesta de una asamblea constituyente.
Analistas políticos como Francisco Rayran y Gabriel Cifuentes han expresado sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta en el Congreso. Rayran advierte que cada propuesta debe estar claramente enfocada en el acuerdo de paz para evitar abrir una “caja de Pandora”. Cifuentes, por su parte, señala que el contexto actual no justifica un mecanismo como el ‘fast track’ y que el apoyo político necesario para su aprobación es incierto.
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