El senador Iván Cepeda anunció que interpondrá una queja contra la procuradora, Margarita Cabello, ante la Corte Suprema de Justicia, bajo el argumento de que sus actuaciones favorecen a Diego Cadena, abogado del caso del expresidente Álvaro Uribe.
“Evidencia como la Procuraduría General de Nación ha asumido el rol de defensora en las actuaciones que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena y ha desconocido abiertamente las funciones de intervención en el proceso penal que cumple constitucional y legalmente el Ministerio Público”, argumentó el senador. Lea también: Procuraduría abre pliego de cargos a funcionarios de alcaldía de Quintero
Además de la queja ante la Corte Suprema, el congresista que funge como víctima y apoderado en el proceso, anunció que también acudirá ante la Corte Constitucional para que “inadmita la solicitud de revisión que esta presentó con relación a la tutela que le fue negada al abogado Diego Cadena”.
Esta queja se debe a que la Procuraduría pidió a la Corte Constitucional revisar la tutela que Cadena presentó en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión de la decisión de incorporar las interceptaciones de sus comunicaciones con el expresidente Uribe Vélez en el juicio que se sigue en su contra.
Para Cepeda, la petición de la Procuraduría es una “abierta defensa del abogado Diego Cadena Ramírez”, ya que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en sede de apelación, determinó la validez probatoria de las referidas comunicaciones y ordenó que fueran incorporadas en el juicio que se sigue.
Además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, determinó que las interceptaciones estuvieron respaldadas por una orden judicial.
Asimismo, el senador señaló que el ente de control ya “había intentado favorecer los intereses de Uribe Vélez, por este mismo hecho”.
Esto al recordar que frente a la decisión del 6 de noviembre de 2020 del Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá que declaró la validez de lo actuado ante la Corte Suprema de Justicia, “a través de su apoderado judicial, interpuso una acción de tutela, que el 26 de enero de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente”.