Alejandro Gaviria perdió una tutela que interpuso contra el presidente Gustavo Petro para que se retractara de algunas afirmaciones relacionadas con su gestión al frente del Ministerio de Educación.
La tutela se sustentaba en unas declaraciones que hizo el primer mandatario hace algunos meses, en las que aseguraba que Gaviria dejó perder $1.5 millones, que, según Petro, eran para construir universidades y terminaron en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
La tutela fue negada porque no tenía argumentos sólidos para pedir la rectificación y no se logró desvirtuar la presunción de la libertad de expresión. Lea: Atención: el presidente Gustavo Petro confirmó que hará cambios en su gabinete ministerial
“En el fallo se señala que, tratándose de personas con la visibilidad, reconocimiento y rol social como el que desempeña el aquí demandante, se exige un esfuerzo argumentativo mayor para que el juez constitucional se decante por el amparo a la honra y buen nombre y no por la libertad de expresión, cuyo amparo se encuentra reforzado cuando los hechos materia de reproche se enmarcan en el discurso político”, explicó el Consejo de Estado.
Acto seguido, el alto tribunal argumentó que “cuando se trata de la discusión política o el debate público entre personas que no están claramente en una relación asimétrica de poder, como un alto funcionario del Estado y un personaje político ampliamente reconocido, se aplican criterios distintos para resolver la tensión entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra”.
Sin embargo, el Consejo de Estado hizo la salvedad que el Presidente de la República no goza de la inviolabilidad de la opinión que cobija a los congresistas en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, a pesar de su fuero penal, no se exime de responder por delitos de injuria, calumnia o la omisión de denuncia, ni puede sustraerse del poder jurisdiccional del juez que conozca de las acciones de tutela en su contra.
La decisión será impugnada y llegará a manos de la Corte Suprema de Justicia. Así lo confirmó el propio Gaviria a través de redes sociales. “Impugnaremos el fallo y buscaremos que la Corte Constitucional revise la tutela. Estamos ante un debate fundamental. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión en el discurso político? ¿Puede un presidente calumniar y desinformar como forma de aniquilamiento político?”.