Los profesores del país se fueron a paro por la Ley Estatutaria a la Educación del Gobierno nacional.El punto de quiebre radicó en el modelo mixto de financiación, que según sectores petristas, podría generar un “negocio” en el sistema de educación, razón por la cual se dio la primera discusión en la Cámara de Representantes.
“El derecho a la educación debe garantizarles a todos los niños de Colombia. Debe ser un derecho fundamental. Debe ser público el derecho a la educación. Si los recursos los inyectan a colegios privados, cercena el derecho de muchos niños. La educación debe ser financiada por el Estado. No de privados”, afirmó la senadora del Pacto Histórico, Sandra Jaimes, quien en el pasado fue líder sindical en el departamento de Santander.
Sobre esto, la ministra de Educación, Aurora Vergara, aclaró que el modelo mixto en la educación en Colombia siempre ha existido, y que por supuesto, la educación pública será priorizada.
Otro de los puntos que merecieron la inconformidad de las bases petristas, que tuvieron a la senadora María José Pizarro como coordinadora ponente en la Comisión Primera, tiene que ver con la evaluación docente que se les haría al Magisterio de forma periódica y evaluaría sus conocimientos para impartir clases en instituciones de carácter público.
Se trata del Artículo 39 de la reforma a la educación que plantea también la necesidad de medir “los resultados que obtengan las y los estudiantes en las pruebas de Estado y así sirvan como criterio de evaluación de los maestros”. Siga leyendo: Gobierno Petro busca consenso con docentes para reformar ley educativa
“Somos 210.000 maestros que entramos después del 2001 y que estamos bajo un sistema de evaluación que incluye una de ingreso, de permanencia o desempeño y de ascensos. Es más, hoy tenemos 50.000 maestros en período de prueba que han pasado por un proceso de selección y que no adquirirán derechos de carrera hasta que no lo superen”, ha dicho Martha Alfonso, vocera de Fecode.
La oposición, que fue clave en la Comisión Primera del Senado para que se aprobara la reforma, ha insistido en la necesidad de que se haga la evaluación docente para medir los conocimientos de los profesores, y tras una reunión con el oficialismo tras el descontento de varios sectores afines al Gobierno, no hubo una postura conjunta que permitiera recoger un pacto unificado, por lo que resolvieron radicar ponencias diferentes.
Durante la reunión las partes acordaron cuatro puntos. En primer lugar, ratificaron que el sistema educativo se compone de una oferta pública como de una oferta privada. Segundo, pactaron que se adicionará un parágrafo para dejar claro que el SENA mantiene su autonomía financiera y administrativa.
En tercer lugar, modificaron un artículo para precisar que la evaluación docente es de carácter obligatoria y deberá ser regulada posteriormente a través de una ley ordinaria. Finalmente, incluirán un nuevo artículo garantizando la financiación del SENA para llevar a cabo su misionalidad.
Sin embargo y pese a los logros mencionados anteriormente, hubo desacuerdo respecto a la potestad presidencial de cómo distribuir los recursos en el sistema educativo. Por la anterior razón, la bancada del Gobierno a la que pertenecen los senadores Maria José Pizarro y Carlos Alberto Benavides del Pacto Histórico, Aida Quilcue del Mais, Ariel Avila del Partido Verde, Fabio Amín del Partido Liberal, Julián Gallo de Comunes y la Ministra de Educación decidieron radicar una ponencia independiente, que no fue acordada ni consensuada.
“Nosotros, Paloma Valencia del Centro Democrático, Alfredo Deluque del Partido de la U, German Blanco y Juan Carlos García del Partido Conservador y David Luna del Partido Cambio Radical, por el contrario, hemos radicado una ponencia positiva para cuarto y último debate en la Plenaria del Senado de la República que contiene todo lo acordado en las reuniones que se llevaron a cabo, cumpliendo con lo pactado”, preció el senador David Luna.
Los puntos clave de la reforma
La reforma a la educación, modifica la Ley 30 por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en Colombia.
El documento ha logrado sortear los debates en la Cámara de Representantes, pero parece estancarse en el Senado de la República donde hay división entre el mismo petrismo.
Según el Ministerio de Educación, en cabeza de Aurora Vergara, la reforma tiene al menos cuatro grandes objetivos respecto a la educación superior en el país, los cuales están relacionados con generar las condiciones para que haya una mejor oferta de educación superior, garantizar las condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable ingresen y se gradúen.
Pero también adecuar el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales. Le puede interesar: Docentes de Cartagena realizarán marcha de antorchas este 14 de junio
Y por último el Gobierno Nacional quiere fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.
“La reforma plantea la creación del Fondo para la Permanencia en la Educación Superior, mediante el cual se ampliarán de manera significativa los subsidios de sostenimiento para estudiantes de bajos ingresos, tanto de instituciones estatales como privadas. Asimismo, establece mediante ley que los intereses para los estudiantes de estratos bajos (1, 2 y 3) sea igual a cero y un 25 % de su deuda pueda ser condonada al momento de graduarse. Adicionalmente, plantea que a los estudiantes que obtengan resultados sobresalientes en la pruebas Saber Pro y tengan crédito con Icetex, su deuda pueda ser condonada hasta en un 100%”, afirma la página oficial del Ministerio de Educación sobre la reforma al sector.