La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), encabezada por Carlos Ramón González, negó que realice algún seguimiento en contra del senador David Luna del partido Cambio Radical, o de cualquier militante opositor al gobierno de Gustavo Petro.
A través de un comunicado, el ente gubernamental respondió a señalamientos del congresista Luna, quien envió un cuestionario a la Dirección para que González conteste, en un debate de control político en el Capitolio, sobre la adquisición de equipos especializados o sobre seguimientos o interceptaciones a la oposición.
“No es cierto que desde la entidad se persiga a la oposición”, señaló la entidad, al tiempo que aseveró que las órdenes del presidente Petro son que ningún opositor, miembro de la justicia o periodista “debe ser vigilado”, como “sí lo hicieron en el pasado”. Siga leyendo: Congreso cita al director de Inteligencia por presunto espionaje a opositores
El comunicado asevera que desde el inicio de la administración actual “ha sido una prioridad incorporar estándares internacionales de derechos humanos en las actividades de inteligencia y contrainteligencia”, lo que deriva en el fortalecimiento de los mecanismos de control “para garantizar que la época oscura del DAS no se repita”.
Frente a autorizaciones o medios técnicos para espiar a opositores, la Dirección apuntó que no cuenta con ellos y que no tiene “voluntad política” para “interceptar o perseguir a persona alguna, dentro o fuera del territorio colombiano”.
“Como defensores a ultranza de la democracia, la paz, la lucha contra la corrupción y el respeto por las instituciones, estamos listos para presentarnos ante el Congreso de la República y ante cualquier otro escenario público para exponer las claridades que correspondan”, concluyó la Dirección, que rechaza “señalamientos infundados”. Le puede interesar:“Está quitando derechos políticos”: Petro insiste en reformar la Procuraduría
Entre los cuestionamientos que deberá responder González, ficha de la Alianza Verde, al Parlamento se encuentran transacciones no reportadas, supuesta adquisición de viviendas cerca de donde viven congresistas o la contratación de un grupo de asesores.