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Política

Juzgado de Tuluá ordena proteger a los concejales del municipio del Valle

Mientras el ente judicial estudia una tutela que busca medidas eficaces para resguardar la vida de los cabildantes, ordenó a la UNP analizar “la viabilidad de adoptar medidas de protección provisiones”.

Juzgado de Tuluá ordena proteger a los concejales del municipio del Valle

Por un valor cercano a los 48 millones de pesos, se iniciaron las obras del nuevo pabellón de seguridad mediana en el Establecimiento Penitenciario de Tuluá, que garantiza al rededor de 656 cupos, que estará en manos de la Unión Temporal Disico-Proing Cyg.Colprensa/Externos

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El Juzgado Tercero Municipal del Circuito de Tuluá (Valle del Cauca) dictó medida provisional en favor del Concejo de Tuluá, luego de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo para proteger a los cabildantes. Le puede interesar: Los retos de la aplanadora de Gustavo Petro: fracturas y revocaciones

La Defensoría elevó la acción legal para resguardar los derechos a la seguridad, integridad y vida de los concejales, pues han sido “objeto de todo tipo de ataques”, que van desde ataques personales hasta amenazas, panfletos y atentados.

El ente humanitario señaló a la banda La Oficina como la posible responsable de las agresiones. Ante ese panorama, el Juzgado Municipal le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) “realizar un análisis de viabilidad de adoptar medidas de protección provisionales”.

La tutela no solo se dirige a la Unidad, sino también a los ministerios de Defensa y del Interior y a la Policía Nacional.

“Necesitamos protección especial para los cabildantes, sobre todo por el nivel de riesgo”, exigió el defensor del pueblo, Carlos Camargo.

La tercera semana de abril, luego de conmemorar los cien primeros días de la actual administración municipal, fue asesinado el concejal Carlos Londoño. En el ataque también murió la representante de una asociación de personas con discapacidad. Siga leyendo: Armando Benedetti oficialmente es el embajador de Colombia ante la FAO

“Mientras haya inseguridad, alteración del orden público, amenazas, falta de garantías para la protección personal, es preciso que sean elaborados planes de trabajo idóneos, con la finalidad de salvaguardar los derechos fundamentales”, expresó Camargo.

El órgano adscrito al Ministerio Público aseveró que continuará “insistiendo en que los grupos delincuenciales organizados y organizaciones armadas al margen de la ley no pueden estar por encima de ninguna de las instituciones”.

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