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Con tutela contra el CNE buscan anular investigación al presidente Petro

La prosperidad de la acción de tutela, podría tumbar toda la actuación realizada por el Consejo Nacional, dijo el abogado veedor, Alcides Arrieta Meza.

Con tutela contra el CNE buscan anular investigación al presidente Petro

Presidente, Gustavo Petro. // Foto: Julio Castaño- El Universal

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En un giro legal significativo, Alcides Arrieta Meza, representante legal de la Veeduría Colombia Decente, ha presentado una acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia y específicamente contra los magistrados ponentes, Benjamín Ortiz Torres y Álvaro Prada.

La acción legal busca anular toda investigación y cargos formulados contra el presidente Gustavo Petro, alegando violaciones del debido proceso y exceder las facultades del CNE. Siga leyendo: Magistrados del CNE radican proyecto de formulación de cargos contra Petro y Roa

La Veeduría argumenta que el Consejo Nacional Electoral no posee las facultades para investigar al presidente de la República, una competencia que recae exclusivamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta controversia surge tras la formulación de un pliego de cargos el 28 de febrero de 2023, a pesar de que Petro había asumido el cargo desde el 7 de agosto de 2022.

La acción de tutela presentada busca, por tanto, dejar sin efecto todas las actuaciones relacionadas con esta investigación, defendiendo la integridad del debido proceso y los derechos fundamentales vinculados al Estado democrático de derecho.

Si la tutela prospera, podría significar la anulación de las investigaciones llevadas a cabo por el CNE contra el presidente, lo que sería un precedente notable en términos de jurisdicción y competencia en investigaciones a altos cargos públicos en Colombia. Lea también: CNE habría hallado violación de topes en campaña de Petro

Según Alcides Arrieta Meza, esta acción no solo busca proteger los derechos del presidente, sino también resaltar la importancia del respeto por las estructuras y competencias legales en el manejo de acusaciones y procesos contra funcionarios electos.

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