Unos diez meses después de que el Congreso de la República reconoció al campesinado como sujeto de derecho y aprobó crear una jurisdicción especializada para el gremio y sus particularidades, la justicia agraria se consolida en su camino en el Legislativo, que está a un debate de convertirlo en una realidad.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el 7 de mayo la ley estatutaria que busca que la Jurisdicción Agraria y Rural se solidifique como una entidad que dentro de la Rama Judicial se concentre en resolver conflictos agrarios, como de tenencia de tierras, por ejemplo, y mejore el acceso a la justicia en las zonas rurales de Colombia. Siga leyendo: Congreso debate reforma agraria entre voces de justicia y expropiación
De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la nueva jurisdicción “será clave para resolver de manera pacífica y justas las disputas en el campo”. Se trata, además, de uno de los puntos más cruciales derivados del Acuerdo de Paz que el Estado firmó con la extinta guerrilla de las Farc en 2016, que significó un compromiso en materia de tierras.
El proyecto aprobado, que solo necesita pasar por el pleno de la Cámara, se deriva del Acto Legislativo 03 del 2023, con el que la Constitución creó la Jurisdicción Agraria y Rural con el fin de que rija un “procedimiento especial” que ofrezca garantías de acceso efectivo a la justicia al campesinado, los grupos étnicos y las víctimas del conflicto.
La iniciativa no solo ha sido un logro para el gobierno de Gustavo Petro en su búsqueda de acuerdos, sino que ha merecido un aplauso incluso internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo, resaltó su importancia en abril de este año, cuando terminó su visita in loco al país.
“Ha sido consensuado con el Poder Legislativo y es una iniciativa del Ejecutivo. Podemos trabajar en la construcción de una Colombia en paz, para eso necesitamos las normas, y hoy la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha dado un paso muy importante para que avancemos”, expresó la viceministra de Promoción de la Justicia, Jhoana Delgado.
Inicialmente, la idea presentada por el Gobierno creaba una Corte Agraria que buscaba ser el órgano de cierre, una última instancia, de los procesos que se plantearan. Los presidentes de la Suprema, la Judicatura y el máximo Tribunal Administrativo la calificaron como innecesaria y redundante, así que, para lograr vía libre, fue reemplazada.
Ese fue el punto más álgido del debate, no solo en el Capitolio, sino en redes y otros espacios. Por ejemplo, el el exfiscal Francisco Barbosa dijo en un foro de El Tiempo: “Quieren crear otra corte, una agraria, mutándole las competencias a la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema. Yo pido, por favor, que respeten a la Corte Suprema, que respeten la justicia”.
En Cámara de Representantes se votó por mantener la Sala Civil como órgano final. En Senado, por su parte, la entidad se nombró a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, “sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del artículo 237 de la Constitución Política”. La conciliación acogió el texto del Senado.
La idea central de una nueva jurisdicción es que el aparato judicial colombiano pueda adaptarse “a las particularidades del derecho agrario y de los conflictos rurales” para que la justicia llevada al campo sea mejor, como explica Carlos Quesada, coordinador de la línea de investigación de campesinado y tierras de Dejusticia.
Quesada añade que “la jurisdicción agraria debe estar orientada a satisfacer integralmente las actuales necesidades jurídicas de la población rural”. Ello parte del reconocimiento de que gran parte del conflicto armado colombiano, tanto en causas como en consecuencias, tiene una base sólida en los conflictos del campo.
En ese sentido, la institucionalidad “requiere procedimientos propios, pensados específicamente para la construcción de paz y convivencia en territorios donde la débil presencia del Estado ha creado profundas desconfianzas”.
El Acuerdo de Paz de La Habana
Se trata, además, de una parte del cumplimiento del primer punto del Acuerdo de Paz de La Habana, que da directrices para una reforma agraria integral. Sin embargo, miembros del partido Comunes, que surgió de la desmovilización de las Farc, no lo ven así.
El representante Luis Alberto Albán señaló durante el debate de la conciliación que el acto legislativo “representa un adelanto”, pero “es insuficiente porque no se crea la corte de cierre”.
Lo que siguió fue un camino largo de coordinación entre instituciones para lograr una reglamentación acorde a las expectativas. Por ejemplo, en una sentencia de unificación la Corte Constitucional en 2022 ordenó que jueces civiles que tuvieran en sus manos procesos de adjudicación de inmuebles rurales sin registro se abstuvieran de continuar con ellos y enviaran el trámite a la Agencia Nacional de Tierras, a la que le correspondía dirimir por tratarse de bienes que se presumen baldíos.
Eso, por supuesto, significó una reacomodación que ralentizó la entrega de terrenos que podía haber beneficiado a muchos campesinos. La nueva jurisdicción agraria tendrá que mediar entre ese precedente y las nuevas restructuraciones que vengan por orden del Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Justicia.
La incidencia de la Jurisdicción se expandirá por las zonas rurales del país. Los cinco juzgados agrarios y rurales de circuito se sumarán a tres despachos de magistrados y una secretaría para el Tribunal Agrario y Rural de Tunja.
“Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas”, afirmó en su momento el magistrado Aurelio Rodríguez Guzmán, expresidente de la Judicatura.
Las medidas tomadas por los juzgados y el tribunal deberán incorporar enfoques diferenciales para mujeres y una búsqueda por la paz, sostenibilidad y “responsabilidad ambiental de la producción agropecuaria”, como explicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Las zonas en las que inicialmente se incorporarán los entes judiciales tuvieron en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se encuentran en 170 municipios que han sido afectados por el conflicto armado y la ausencia del Estado. Lea además: “Hay un desorden urbanístico en Cartagena”: ministra de Ambiente
En ese sentido, serán 38 los municipios PDET priorizados dentro de los circuitos iniciales y el Tribunal recientemente creado. Entretanto, el Consejo está a la espera de la inversión de $40 mil millones de parte del Gobierno nacional, que permitirá garantizar la creación de otros 65 juzgados agrarios y los tribunales restantes para que el campesinado pueda acceder dignamente a la justicia.
El objetivo de la Jurisdicción Agraria será formalizar unas siete millones de hectáreas de tierra para el campesinado, resolviendo conflictos de tenencia, propiedad o producción. Además, aspira a crear la figura de facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán a personas potencialmente beneficiadas por el nuevo ente. Según el Ministerio de Justicia, la justicia agraria podría costar unos $136.000 millones.