La crisis por la que pasa en este momento la Alianza Verde llevó a que un sector del partido solicite a sus directivas la expulsión del presidente del Senado, Iván Name, como también a la exconsejera presidencial de las Regiones, Sandra Ortiz, quienes se vieron, presuntamente, comprometidos en el escándalo de corrupción en la contratación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, UNGRD.
Una carta en tal sentido se les pasará a las directivas del partido, la cual estuvo liderada por el senador Ariel Ávila, quien señaló además que no se descarta que se pida la expulsión del también militante del partido, Carlos Ramón González, quien en la actualidad es el director de la central de inteligencia y fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia. Lea aquí: “Olmedo López sí asistirá hoy a la Fiscalía”: abogado defensor
El exsenador Antonio Sanguino, también directivo de los verdes, señaló que por ahora a González no aparece directamente en las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, los exdirectivos de la UNGRD, quienes son los que habrían estado al frente de las acciones delincuenciales. Para Sanguino, de ser así que aparezca González, también se solicitará su salida del partido.
Ávila además destacó que en este momento lo de menos es decidir si el partido se va a la independencia o si se mantiene en el gobierno, porque es claro que hay una decisión de dividir el partido y esto es lo primero que se tendrá decidir.
De acuerdo con las afirmaciones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, él habría entregado al presidente del Senado, Iván Name la suma de tres mil millones de pesos por intermedio de la consejera Sandra Ortiz, esto con el fin de que apoyara el trámite de agenda legislativa del gobierno nacional.
En la carta, se indica que “el desfalco de los recursos de la UNGRD puede significar la punta del iceberg de un entramado de prácticas que atentan contra la moralidad pública en contravía de nuestras consignas políticas y partidistas, que demandan la necesidad de un debate de fondo. No es una sola entidad, existen un sinnúmero de entidades que utilizan y se aprovechan de un modelo de contratación que las pone en permanente riesgo de corrupción, al sacar ventaja de regímenes que hacen parte de excepcionalidades a la ley de contratación pública”.
Destacan además que “ante los recientes acontecimientos que han salido a la luz pública y que implican a miembros destacados de nuestro partido político en actos de corrupción, queremos expresar enérgicamente nuestra postura y exigir acciones contundentes por parte de las autoridades partidarias. Consideramos que la corrupción es un cáncer que mina la integridad de nuestra organización y socava la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”. Le puede interesar: Renuncias y acusaciones: el impacto del escándalo Ungrd en la política
Los firmantes, entre quienes además está el concejal de Bogotá, Julián Triana, aseveran además que “no podemos permitir que aquellos que han traicionado la confianza de la ciudadanía continúen representando nuestros valores y principios. En este sentido, exigimos de manera categórica la expulsión inmediata de todos los dirigentes involucrados en estos escándalos de corrupción, nos referimos concretamente a los nombres de Sandra Ortiz y del Presidente del Congreso Iván Leonidas Name”.
En la comunicación se propone además la creación de una comisión anticorrupción, la cual tenga además tres subcomisiones para llevar “a cabo investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes sobre casos de corrupción que involucren tanto a dirigentes de nuestra colectividad, como a funcionarios del gobierno en general, con la intención de aportar los resultados de las mismas a los organismos de control y a la Fiscalía, para que se adelanten las respectivas investigaciones”.
Subcomisión de seguimiento y control financiero
En tal sentido consideran necesario crear la subcomisión de seguimiento y control financiero, para la publicación de todos los documentos asociados a los procesos de contratación, bajo regímenes especiales, así como las acciones de control fiscal y disciplinario realizadas por lo entes de control con el objetivo de generar un informe diagnóstico que evidencia tanto los casos de éxito, así como de fracaso en la ejecución de los recursos y el seguimiento vigilancia y control a los mismos.
Una más sería la subcomisión de seguimiento y control institucional, para que con base en el informe financiero, se generarán una serie de recomendaciones de reformas institucionales en los modelos de contratación, seguimiento, control y vigilancia de la ejecución de recursos públicos, para evitar que estos hechos no se repitan y que generemos acciones correctivas en la estructura del estado que blinden y reduzcan los riesgos de corrupción. Lea además: Luz María Múnera aterriza en la Consejería de Regiones tras renuncia de Ortiz
La tercera es la subcomisión de seguimiento político que se encargará de recoger, estudiar y analizar los informes de las subcomisiones financiera e institucional con el fin de aterrizarlas en proyectos de ley que corrijan los vacíos legales que han permitido la malversación de los recursos públicos.