La consejera regional de Palacio, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, continúan en sus oficinas, en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro afirmó el pasado viernes en Huila: “Esos funcionarios, sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones de la justicia”.
Sus comentarios se interpretaron como una referencia directa a Ortiz e Idárraga tras el escándalo de corrupción en la Gestión de Riesgo, sugiriendo su salida inminente de sus puestos. Siga leyendo: Petro ordena salida de Sandra Ortíz y Andrés Idárraga tras caso Ungrd
No obstante, una alta fuente gubernamental ha informado a La Silla Vacíaque ni Ortiz ni Idárraga han sido desvinculados oficialmente del gobierno.
La conexión de Ortiz e Idárraga con la Gestión de Riesgo
La consejera Sandra Ortiz fue acusada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, de haber entregado al presidente del Senado, Iván Name, 3.000 millones de pesos provenientes de contratos de carrotanques, con el supuesto objetivo de mover las reformas gubernamentales en el Congreso.
Por su parte, el secretario Idárraga enfrenta acusaciones de tráfico de influencias tras revelarse mensajes relacionados con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Le puede interesar: Revelan polémicos chats donde Andrés Idárraga “presionaba” a exdirector de la Ungrd
A pesar de las acusaciones, Ortiz sigue en su puesto. Incluso publicó un tuit desde su despacho, que refleja su postura ante la situación actual: “Con absoluto respeto, le solicito a algunos medios de comunicación, informar con responsabilidad y veracidad. Hoy desde temprano en mi oficina en la Consejería de Regiones con la determinación que la honestidad brinda, estoy a la espera de encontrarme con el Sr. Presidente para asumir las decisiones que se contemplen en beneficio del país, mientras con pruebas concretas y con el favor de Dios, la verdad salga victoriosa.”
Esta declaración pública añade una dimensión adicional a la controversia, indicando que Ortiz está activamente buscando clarificar su posición y gestionar las implicaciones de las acusaciones en su contra.