El pasado 23 de marzo, Alexander Vega fue elegido copresidente del partido de La U, solo tres meses después de dejar su cargo como registrador nacional.
Esta designación ha sido cuestionada por Rosita López, quien alega que Vega estaría infringiendo la ley de “puerta giratoria”, que impide a exfuncionarios públicos gestionar negocios o ocupar cargos en el sector que controlaron, dentro de un período de dos años post-servicio. Le puede interesar: Clara Luz Roldán y Alexander Vega llegan a la presidencia del partido de la U
La queja presentada ante el CNE argumenta que el papel de Vega como copresidente de un partido político está intrínsecamente relacionado con las funciones electorales que él supervisó como registrador nacional, creando un conflicto de interés y un potencial riesgo de corrupción. Según la denuncia, el Partido Social de Unidad Nacional, al nombrar a Vega, ha ignorado normativas esenciales destinadas a salvaguardar la transparencia y ética pública.
Disputa Legal en el CNE
El caso fue asignado inicialmente al magistrado César Lorduy de Cambio Radical, quien fue recusado debido a una supuesta amistad cercana con Vega, que podría comprometer su imparcialidad. La magistrada Fabiola Marquez del Pacto Histórico, encargada de evaluar la recusación, ha expresado preocupación por la “pública amistad” entre Lorduy y Vega, sugiriendo un posible impedimento para que Lorduy maneje el caso.
Se espera que la decisión sobre la recusación de Lorduy se resuelva esta semana, lo cual determinará el futuro del proceso contra Vega en el CNE. La situación plantea importantes preguntas sobre la ética y la legalidad en las transiciones de funcionarios públicos a roles políticos