En informe preliminar de auditoría financiera y de gestión de la Contraloría General de Santander determinó 86 hallazgos con alcance administrativo, disciplinario, financiero, sancionatorio y hasta penal, por las presuntas irregularidades en la Gobernación de Santander durante el mandato de Mauricio Aguilar, específicamente en el año inmediatamente anterior.
Así quedó registrado en el informe preliminar 017 del 26 de abril de 2024, en el cual la Contraloría Departamental advierte sobre 50 hallazgos de alcance administrativo, 24 de carácter disciplinario, 1 sancionatorio, 3 penales y 8 de carácter fiscal por más de $3.727 millones por las presuntas inconsistencias en el gobierno Aguilar en su último año de mandato. Lea también: Revocan orden de arresto contra Fico Gutiérrez por desacato a un fallo
Según el informe, existen evidentes incorrecciones en la información reportada por la Gobernación de Santander sobre sus estados financieros para la vigencia 2023, así como inconsistencias en el presupuesto del ente territorial.
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección fundamento de la opinión negativa, el presupuesto del departamento de Santander, nivel central, a diciembre 31 del 2023, no presenta fielmente, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de presupuesto, y demás normas concordantes”, se lee en el informe.
Millonarias irregularidades en el gobierno de Aguilar
Además, el reporte señala que a finales de la vigencia anterior el departamento suma una deuda pública cercana a los $356 mil millones.
Uno de los hallazgos de la Contraloría tiene que ver con la fallida construcción del puente peatonal sobre el río Chicamocha, firmado por la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo con la firma Construcciones y Soldaduras por valor de $1.255 millones y que colapsó dos meses después de su inauguración.
Por estos hechos, la Contraloría determinó que el hallazgo fiscal es de $1.255 millones, es decir, el valor total del fallido paso elevado. Lea aquí: El proceso contra Armando Benedetti por enriquecimiento está estancado
Así mismo, el ente de control fiscal reprochó las inconsistencias en el contrato 4116 de 2023 suscrito por la Secretaría de la Mujer y Unión Temporal Mujer 2023 para la implementación de acciones para el fortalecimiento económico, para la autonomía laboral de las mujeres del departamento, por valor de $6.197 millones.
Según el informe auditor, dicho contrato registra sobrecostos de al menos $1.604 millones en los insumos de logística y realización de las actividades de promoción y difusión, así como la falta de soportes en la ejecución del proyecto.
Denuncias penales
Las probables inconsistencias en la administración Aguilar también habrían tenido hallazgos de índole penal. En tal situación, la Contraloría, por norma, tendrá que reportar dichas anomalías ante la Fiscalía General para su respectiva investigación.
Puntualmente, el ente de control fiscal señala que la Gobernación de Santander durante la vigencia 2023 destinó de manera irregular recursos de capital, superávit, para financiar gastos de funcionamiento, bajo la aprobación cómplice de la Asamblea.
Del mismo modo, la auditoría de la Contraloría concluyó que la administración Aguilar habría incurrido en delitos penales en la firma del convenio 3.925 del 2023, para la construcción de viviendas rurales en el municipio de Santa Bárbara, Santander, sin cumplir con los requisitos normativos estructurales de sismorresistencia, situación similar con los contratos 4.181 y 4.182 celebrados por la Secretaría de Infraestructura.
Por tratarse de un informe preliminar, las partes involucradas tendrán hasta cinco días hábiles para responder y controvertir la autoría de la Contraloría departamental.
En caso tal de no controvertir o hacerlo sin cumplir con las normas legales para tal fin, el informe de la Contraloría quedará en firme y el ente de control comenzará un proceso de responsabilidad en contra de cada uno de los presuntos responsables con el fin de recuperar los recursos.