La sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca invalidó el decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a su cónyuge, Verónica Alcocer, como embajadora de Misión Especial.
Este nombramiento permitió a Alcocer asistir a una audiencia con el papa Francisco en enero del año pasado, como parte de una visita oficial a la Ciudad del Vaticano en Roma, Italia. Lea aquí: Juez condena a ‘Iván Mordisco’ y otros jefes disidentes por reclutamiento
De acuerdo con el Tribunal, el decreto contraviene el artículo 126 de la Constitución, que prohíbe a los servidores públicos designar, postular o contratar a personas con las que tengan un parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, o a quienes estén unidos por matrimonio o unión permanente.
Esta determinación se tomó a raíz de una demanda relacionada con el viaje de la primera dama al Vaticano, y también se basó en el argumento de la Procuraduría, que previamente había confirmado mediante un auto que el presidente Petro violó la Constitución al designar a Alcocer en el cargo. Lea aquí: Disidencias ofrecen hasta $10 millones a reincorporados para volver a la guerra
Sobre los viajes de Alcocer, La Silla Vacía reveló que el gobierno de Petro financió un costoso séquito de funcionarios que alcanzó la cifra de 1.000 millones de pesos.
Este grupo incluía desde un maquillador personal hasta un fotógrafo profesional y la mejor amiga de Alcocer, quienes recibían salarios que oscilaban entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales por encargarse de aspectos como la imagen, la agenda y la compañía de la primera dama.
En aquel momento, la Presidencia no proporcionó explicaciones claras sobre la justificación de estos altos salarios ni sobre la necesidad de realizar viajes internacionales, dado que estos funcionarios estaban contratados para cumplir funciones en Colombia.