El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) interpuso una demanda de pérdida de investidura en contra de tres congresistas del partido Cambio Radical por presuntos conflictos de interés en la votación del Presupuesto General de la Nación.
Se trata de Adriana Carolina Arbeláez Giraldo, representante a la Cámara por Bogotá; Jairo Humberto Cristo Correa, representante de Norte de Santander, y Carlos Abraham Jiménez López, senador de la Comisión Cuarta. Siga aquí: ¡Muy útiles!: colombianos opinan sobre los sellos en productos ultraprocesados
CAJAR argumentó que el 18 de octubre de 2023 el Congreso votó una proposición para aplazar la implementación de los impuestos a productos ultraprocesados y bebidas endulzadas, los mismos que el Colectivo promovió, a través de la campaña Dulce Veneno.
Dulce Veneno fue una expresión masiva del Colectivo con la que buscó resaltar la importancia del etiquetado en productos con ciertos excesos y los impuestos que deben imponerse para disminuir su consumo.
El Legislativo atendió el llamado, pero el lobby de las principales compañías dedicadas al comercio de los alimentos y las bebidas que tendrían el tributo, que también fue denunciado por CAJAR, no cesó.
Así, cuando en el Capitolio se tramitaba la proposición para no implementar el impuesto, Arbeláez, Cristo y Jiménez participaron en la discusión sin revelar que en sus campañas habían recibido financiación que podría traducirse en conflictos de intereses.
El colectivo sostuvo que una sentencia de 2021 de la Corte Constitucional, así como la legislación colombiana, contempla que quienes ocupen curules en el Congreso tienen la obligación de declarar cualquier posible conflicto de interés cuando participen en debates sobre temáticas que podrían beneficiar a donantes de sus campañas. Le puede interesar: ‘Bavaria se monta en el viaje’ de tren: intrigante anuncio del gobierno Petro
No hacerlo, afirmó la oenegé, podría derivar en una pérdida de investidura, que es lo que la demanda le exige al Consejo de Estado. Lo que sigue es que el alto tribunal examine si el recurso jurídico cumple los requisitos que la normativa exige para ser estudiado de fondo.