La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a Salvador Arana, exgobernador de Sucre, entregar un informe que dé cuenta de sus bienes y patrimonio.
El Tribunal tomó la decisión luego de que un representante de la familia de Eudaldo Díaz, el exalcalde de El Roble asesinado en 2003 con el auspicio de Arana, solicitó información sobre la solvencia del exgobernador, quien debe repararla. Le puede interesar: Familia Díaz: Si no allanan la finca Las Flores, la vedad quedará enterrada
También se manifestó Ketty Martínez Paternina, hija de Yolanda Paternina, exfiscal asesinada por paramilitares en 2001. Martínez expresó sus dudas sobre el patrimonio del exgobernador, quien se comprometió con la JEP a reparar sus daños.
Las sospechas llegaron por indicios de que Arana, al parecer, pudo sostener a su familia desde prisión, a donde fue enviado por la Corte Suprema de Justicia al comprobar sus alianzas con paramilitares, y presentó cifras cuestionables de los costos de su divorcio.
La Sala de Definición acogió los interrogantes y le dio a Arana un plazo de diez días para que entregue todos los pormenores de su patrimonio actual y para que haga ajustes en su compromiso de reparación a las víctimas.
El dirigente político fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 40 años de prisión. Sin embargo, en 2020 fue aceptado en la Jurisdicción, que lo escuchó, estudió sus aportes durante unos tres años y definió su situación jurídica en 2023. Siga leyendo: Revelador audio de alias Gocha sobre fosas en finca del exgobernador Arana
De acuerdo con la JEP, que en mayo del año pasado le dio libertad transitoria al exgobernador, sus aportes a la verdad permiten entender las relaciones que el paramilitarismo concretó con varios sectores en el Caribe.
El exmandatario sostuvo alianzas con el bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia y brindó información para esclarecer vínculos entre aparatos criminales, políticos y paramilitares entre 1996 y 2006.