En medio de un intenso debate de control político al presidente de Colpensiones, Jaime Dussán Calderón, convocado por la senadora líder de la oposición, Paloma Valencia, han salido a la luz alarmantes revelaciones sobre presuntos sobrecostos en contratos, aumentos injustificados de nómina y despilfarro de los ahorros de los pensionados colombianos. Siga aquí: “¿El que no vote por la Constituyente de Petro le van a dar bala?”: Paloma Valencia
Valencia ha levantado la voz sobre posibles irregularidades que podrían sumar más de $220 mil millones de pesos, que afectarían directamente el bolsillo de los ciudadanos. Una de las denuncias más contundentes ha sido el gasto exorbitante en almuerzos para la Junta Directiva, alcanzando la escalofriante cifra de $192 millones entre 2023 y 2024, lo que equivale a más de $2 millones mensuales por cada miembro.
Además, se han puesto en tela de juicio los incrementos desmedidos en los costos de contratación, con aumentos del 140% en el servicio de atención al cliente, del 170% en servicios de conectividad y un incremento superior al 40% en los contratos de terminales de acceso.
Sin embargo, el escándalo no termina ahí. Se ha revelado que la entidad ha sufrido una pérdida significativa de experiencia, con la salida masiva de personal experimentado.
Valencia, señaló que en tan solo un año, Colpensiones habría perdido 300 años de experiencia laboral, con la renuncia o despido de altos cargos como gerentes, directores regionales y jefes de puntos de atención. Esto ha generado preocupación sobre el impacto en la eficiencia y la memoria institucional de la entidad.
Además, la senadora evidenció un alarmante aumento en la nómina de Colpensiones, pasando de 551 trabajadores a 1.021 en tan solo dos años, lo que refleja un crecimiento desmesurado e ineficiente de la burocracia interna. Le puede interesar: Reforma pensional sigue escalando en el Senado, listos 31 artículos
Ante estas revelaciones, Paloma Valencia ha instado al presidente de Colpensiones a rendir cuentas ante el país y ha criticado al Gobierno por su falta de acción para evitar estos derroches de recursos que podrían destinarse a mejorar las condiciones de vida de miles de abuelitos colombianos.