Después de cinco jornadas de deliberación en la Corte Suprema de Justicia para seleccionar a la nueva fiscal general de la Nación, la Sala Plena de dicho tribunal optó por Luz Adriana Camargo Garzón, quien se ha destacado por su labor en la lucha contra la corrupción. Camargo fue elegida con el respaldo de 18 votos. Lea aquí: Lo último: Amelia Pérez renuncia a la terna de fiscal
La nueva fiscal es una abogada colombiana con una prominente trayectoria en el ámbito jurídico y político. Su designación ha generado un amplio debate en el escenario político colombiano, centrando la atención en su conexión más destacada con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien ha colaborado estrechamente durante más de dos décadas en distintos roles y ámbitos.
Su formación académica está vinculada a la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Asimismo, posee un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología con énfasis en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca en España.
Anteriormente, ocupó el cargo de jefe de investigación y litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desde el 1 de octubre de 2013 hasta el 3 de septiembre de 2019, donde desempeñó un papel crucial en las investigaciones de alto perfil relacionadas con la corrupción y la “parapolítica” en Guatemala. Lea aquí: Salvatore Mancuso le respondió a Álvaro Uribe y advirtió que lo denunciará
Entre los casos más destacados se encuentra la condena por corrupción del expresidente Otto Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes recibieron una sentencia de 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y defraudación tributaria, en relación con el caso La Línea.
Asimismo, Camargo es reconocida por sus investigaciones sobre el fenómeno de la “parapolítica” en Colombia, que resultaron en múltiples implicaciones y condenas de numerosos congresistas colombianos.
Camargo asume el cargo enfrentando importantes desafíos, como dar continuidad al proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por el delito de enriquecimiento ilícito, entre otros casos de gran relevancia pública.