Por su presunta responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez (periodo 2008 – 2011).
Los elementos de prueba presentados por la Fiscalía dan cuenta que el exmandatario dirigió y permitió la celebración, ejecución y liquidación de un contrato y una adición que tenían por objeto garantizar la prestación de servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento, entre agosto de 2009 y abril de 2010.
Entre las irregularidades presentadas durante la audiencia realizada están la no explicación de los fundamentos para realizar esa contratación, no se indicó si respondía a las necesidades que había en las instituciones educativas y además se destinó un presupuesto con el argumento de que serían contratados 872 trabajadores para cubrir los diferentes ítems, en jornadas laborales de 12 horas diarias, por encima de las 10 horas contenidas en la norma. Lea aquí: ¿Rodolfo Hernández fuera de la política? Esto es lo que se sabe
Según los argumentos del ente investigador, durante la contratación no se estimaron los riesgos en la contratación ni se asignaron responsabilidades sobre estos, puesto que se abrió el proceso de licitación para brindar servicios administrativos y de aseo en los colegios, dejando por fuera el mantenimiento que había sido contemplado en los estudios preliminares; y se elaboró un pliego de condiciones confuso, que limitó la participación de aspirantes con experiencia en el sector privado.
Asimismo, se determinó que no consideraron algunos requisitos para contratar a la empresa adjudicataria. Esto sumado a que posteriormente fue otorgada una adición que aumentó 2 meses y 20 días el tiempo de ejecución, e incrementó el presupuesto de 6.980 millones de pesos a 10.328 millones de pesos, todas estas sin justificación alguna.
Las irregularidades no se habrían presentado solo en el inicio y la ejecución del contrato, sino también al final de este, pues según la Fiscalía el contrato fue liquidado sobre el valor de 872 operarios contratados cuando fueron utilizados 831. “Aparece contratado mayor personal al que verdaderamente fue empleado en los planteles. De esta manera figuran secretarias, aseadoras, auxiliares, bibliotecarias y guardas de seguridad que nunca tuvieron vínculo laboral”, expresaron. Le puede interesar: “No hubo detrimento, solo es un ataque de la Procuraduría y del uribismo”: Dau
Para los investigadores y peritos contables del CTI, el entonces gobernador de Magdalena habría permitido que la empresa contratista se apropiara de 2.610 millones de pesos que hacían parte del erario. 2.223 millones de pesos corresponderían a sobreestimación, sumas que el departamento fijó por encima de los valores reales establecidos en el momento; y más de 387 millones de pesos serían pagos por 41 operarios que nunca fueron contratados.
Por todo lo anterior, la Fiscalía considera que Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, en su condición de mandatario, presuntamente faltó a los deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los dineros públicos al permitir el trámite, celebración y liquidación del contrato y la adición objeto de investigación.